Navarra rectifica ahora ante el Estado y se abre la vía para las oposiciones de Salud y Administración núcleo.
El Gobierno de Navarra y la Administración del Estado han alcanzado un acuerdo por el que el Ejecutivo foral modificará el decreto foral de 2015 por el que se aprobaba la OPE correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 y la Abogacía del Estado "desiste de los recursos" interpuestos. De esta forma, las 30 plazas de bomberos pasan a ser "seguras".
Así lo ha explicado este martes la consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno foral, María José Beaumont, tras presidir dos mesas generales, la de la Administración foral y la de las Administraciones públicas de Navarra.
En la primera de las mesas, Beaumont ha manifestado que ha habido "unanimidad sindical" en apoyo al acuerdo alcanzado con el Estado.
"El recurso de la Abogacía del Estado contra la OPE 2013-15 era por que se habían incluido plazas que pertenecían al año 2014 y la Administración central decía que era nulo todo el decreto. Corríamos el riesgo de perder 378 plazas", ha señalado.
Con el acuerdo alcanzado, este miércoles el Gobierno aprobará un decreto foral que modifica el anterior para "excluir las plazas de 2014 que no se tenían que haber incluido, algo que hizo el Gobierno anterior".
Beaumont ha manifestado que "con ello salvamos 287 plazas". "Se ha presentado escrito por la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra y la Abogacía del Estado para que se suspenda la tramitación de ese recurso y del otro que está puesto contra el decreto de septiembre para que las 30 plazas de bomberos fueran en régimen funcionarial", ha indicado.
Según ha dicho, "las 30 plazas de bomberos son seguras". El proceso de oposición está ya en la fase final tras finalizar las pruebas psicotécnicas y "ahora con el listado definitivo de quienes hayan superado las tres pruebas en junio comienzan en la escuela de seguridad". "Ésta era otra razón por la que había que resolverlo porque si no iban a ir a la escuela más personas de las que a lo mejor luego iban a ocupar la plaza", ha expuesto.
La consejera ha valorado, además, que "dejamos vía libre para hablar de OPE en la Administración núcleo y OPE en el SNS en 2016 porque estamos trabajando el asunto, lo tenemos adelantado, pero veíamos que plantear una OPE en 2016 estando con riesgos la anterior era un problema".
Así, María José Beaumont ha realizado una "valoración positiva". "Ha habido unanimidad sindical en considerar que es la mejor solución, porque hemos despejado ese tema y porque nos deja vía abierta a plantear las dos OPE, que lo haremos próximamente a finales de mayo-junio", ha añadido.
CCOO Y UGT: "BASTANTE DECEPCIONANTE"
Tras la reunión, el representante de CCOO Cecilio Aperte ha considerado "bastante decepcionante" la reunión de la mesa porque "nos trae los temas que le interesan" al Gobierno, pero "de las preocupaciones de los trabajadores poco que hablar".
Según ha dicho, "hemos vuelto a reclamar el abono de la paga extra y el inicio de la negociación colectiva y nos emplaza a que a partir de junio nos llamarán para ir empezando la negociación". "Ya nos han anunciado que hay poco presupuesto y que será complicado aceptar propuestas", ha señalado.
Sobre la OPE, ha señalado que "lo único que nos han traído es el acuerdo con el Estado para retirar el recurso, que de hecho ha supuesto la pérdida de 91 plazas de la OPE".
Por su parte, Jesús Elizalde, de UGT, ha indicado que, si bien ven "algún gesto", "en términos generales la negociación sigue totalmente bloqueada y nos dicen que en junio ya verán; una vez que llegue el verano nos vamos a otoño". Ha añadido que el pago de la extra "sigue bloqueado" y "no vemos voluntad de devolverla".
Ha pedido que se aborden en la mesa general "todos los temas que tenemos pendientes y no sólo algunos temas puntuales que le interesan al Gobierno". "Negociar sólo temas puntuales que quiere el Gobierno no es negociación", ha dicho.
OTROS ASUNTOS
Por otro lado, la consejera ha precisado que se ha abordado en la mesa de la Administración foral la "incidencia" que supone "la ley estatal 26/2015 por la que se modifica la ley de protección de la infancia y adolescencia". "Exige a todas las Administraciones que todo el personal, sea funcionario o contratado, que tenga contacto habitual con menores, tenga el certificado negativo" de antecedentes por delitos sexuales.
Según ha dicho, "estamos obligados a cumplir" y por ello ha señalado que "vamos a debatir con los sindicatos la identificación de las unidades de los diferentes departamentos que tienen ese contacto habitual con menores para ver cómo se soluciona ese asunto". "Hemos quedado con los sindicatos que nos van a hacer propuestas concretas porque luego tenemos que hacer un desarrollo normativo", ha detallado.
PERSONAL EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
En la mesa general de las Administraciones de la Comunidad foral, ha expuesto Beaumont, se ha abordado la modificación del decreto foral que regula la contratación de personal en régimen administrativo. "Hemos propuesto un borrador y hemos quedado en tener reuniones de trabajo para ver si en junio podemos aprobarlo", ha dicho, para precisar que en esta materia "hay algunos asuntos que nos urgen".
Según ha indicado, "hay una reivindicación sindical que compartimos desde Función Pública que lo que hay que hacer es darle una vuelta al decreto íntegro". "La idea sería derogarlo haciendo otro", ha dicho, pero ha precisado que "tiene otras muchas más cuestiones que no podemos abordarlas a la corta, no hay tiempo, no hay condiciones económico-presupuestarias, y por eso hemos planteado una modificación parcial".
La consejera ha detallado que "va a haber reuniones de trabajo y cuando esté todo consensuado, se convocará la mesa para darle el visto bueno y aprobarlo". "Estamos abiertos a otra eventual modificación, si se puede", ha dicho.
El Gobierno plantea, en concreto, cuatro modificaciones. En primer lugar, "garantizar el derecho a la igualdad de los trabajadores docentes, sean funcionarios o contratados". "En los contratos que venía haciendo Educación, aunque los trabajadores estuvieran el curso íntegro, de septiembre a junio, no se les reconocía las vacaciones", ha explicado, para defender que "este decreto implica que aquellos contratos que haga el departamento de Educación y que se firmen con anterioridad al 1 de octubre lo sean con efectos anuales completos y así pueden cobrar las vacaciones".
El segundo asunto que se busca modificar es "el reconocimiento de la ayuda familiar al personal también contratado administrativo desde la entrada en vigor del decreto foral". "El asunto está judicializado, hay varios asuntos pendientes y la Administración corre el riesgo de que se estimen pero entendemos que es de justicia", ha señalado.
En tercer y cuarto lugar, se ha referido a "la prórroga de los contratos mientras subsista la necesidad, lo mismo que la modificación de los contratos administrativos". "Hasta ahora se hace un contrato para un proyecto o trabajo concreto y acabado el plazo nos obliga a hacer otro contrato. Aquí planteamos modificar el articulado de ese decreto para posibilitar la prórroga del contrato hasta que subsista la necesidad o se haya cumplido terminado el objeto para ese contrato", ha dicho.
