El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles el proyecto de ley foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad. Tras ello, el proyecto será remitido al Parlamento de Navarra para su debate y, en su caso, aprobación.
Culmina así un proceso de casi un año de elaboración del anteproyecto de esta nueva ley, que sustituirá a la aprobada hace 15 años, y que beneficiará a 122.000 menores de 18 años existentes en este momento en la Comunidad foral. El proceso ha sido liderado por el Departamento de Derechos Sociales, con la colaboración, sobre todo, de los Departamentos de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; Educación; y Salud, y ha obtenido un amplio consenso de agentes y entidades que trabajan en materia de infancia.
En su elaboración han participado 618 personas, 332 de ellas menores, y se han realizado 858 aportaciones.
En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha destacado la amplia participación "especialmente de niños y niñas que han aportado una mirada fresca y esperanzadora lo que, sin duda, ha permitido enriquecer la propuesta y elaborar un texto muy extenso y completo que llega al Parlamento con un amplio consenso".
Maeztu también ha reiterado "el importante compromiso del Gobierno con este proyecto, que incorpora la evaluación de impacto, de forma que todas y cada una de las administraciones públicas de Navarra tendrán que realizar evaluaciones al formular sus proyectos normativos (o cualquier decisión administrativa de carácter general), con el fin de prever las repercusiones que éstas tendrán sobre niños y niñas y el disfrute de sus derechos".
El proyecto incluye también el compromiso de incremento del presupuesto destinado a políticas de infancia y familia con arreglo a la subida del techo de gasto, de manera que se mantenga la inversión, si éste baja.
Asimismo, la consejera ha añadido que "es la ley de todos los niños y niñas, y por ello introduce normas específicas, para personas LGTBI, para personas desfavorecidas, con discapacidad, o con problemas derivados de la multiculturalidad, como el duelo migratorio, la acogida o la lucha contra la xenofobia o racismo".
Para la promoción y divulgación de los derechos de la infancia, el proyecto introduce tres importantes novedades: establece un sistema institucionalizado de seguimiento del bienestar infantil en Navarra; faculta al departamento competente en materia de protección de menores para recabar informes del Comité de Ética en la atención social de Navarra; e insta a colaborar con entidades que cuenten con teléfonos de asistencia a menores para facilitar la divulgación de su existencia.
Entre otros, recoge el derecho a la integridad física y psíquica y al desarrollo, alineada con la nueva y reciente normativa estatal de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Entre otras acciones se divulgará el Registro Unificado de Maltrato Infantil, para mejorar la detección e información sobre situaciones de vulneración de estos derechos.
Además, quedan reforzados otros derechos, como son la protección de datos, el derecho a la identidad y orientación sexual, la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a que no se les impongan las ideas, o el derecho a ser escuchado, sin presuponer su madurez únicamente a partir sólo de la edad.
Respecto al derecho a la educación, el proyecto incluye instrumentos para homogeneizar el acceso al tratamiento preciso para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y prevé mínimos educativos para guarderías. Pone también el foco en las metodologías y la motivación frente a la desescolarización, así como el fomento junto a escuelas de padres y madres, y de APYMA abiertas e inclusivas. Por último, apuesta por impulsar un buen clima y la convivencia, así como el refuerzo de la escuela inclusiva y que coeduca, reduciendo la brecha digital con centros que impulsan las nuevas tecnologías.
El texto también destaca los distintos tipos de familia, así como el fomento de una parentalidad positiva y medidas de apoyo para que pueda ser ejercida desde una actitud de escucha. Hace especial énfasis en la cobertura de sus necesidades básicas como un elemento de protección a la infancia, así como en el acceso a escuelas infantiles.
Asimismo, una de las apuestas del Departamento de Derechos Sociales en los próximos años será el impulso del acogimiento familiar como alternativa a los centros. Para ello se ha programado un trabajo de sensibilización en distintas localidades navarras y una campaña de publicidad para dar a conocer el acogimiento al conjunto de la población.
El proyecto también realiza una apuesta por el trabajo en red, garantizando la existencia de comisiones interdepartamentales y participadas, con representación familias y entidades sin ánimo de lucro, así como la conexión con el ámbito local.
Se refuerza también la colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI/NABI) para trabajar con perspectiva de género, mediante el trabajo de las unidades de igualdad con el personal técnico de este organismo autónomo.
Por otra parte, se introducen normas específicas sobre igualdad para niñas, para personas LGTBI, para personas desfavorecidas, con discapacidad, con problemas derivados de la multiculturalidad (duelo migratorio, acogida, lucha contra la xenofobia o racismo, reagrupación familiar, terceras generaciones, servicios mínimos).
El proceso de elaboración del anteproyecto ha contado con "una amplia participación y con numerosas aportaciones" de distintos grupos, incluidos menores.
En todo el proceso, que ha durado un año aproximadamente, se han organizado 22 grupos con menores: nueve han trabajado en el ámbito educativo en horario escolar en su propio centro; tres con entidades sociales como los consejos locales del menor; y otros diez con menores que forman parte del sistema de protección.
En paralelo, se han conformado 16 grupos con las familias: siete son de APYMA escolares en los centros, dos con familias que participan en entidades sociales, y siete de familiares de los menores que forman parte del sistema de protección.
El proceso de participación se completó con dos grupos de trabajo internos y cuatro externos, donde estaban representadas instancias públicas y privadas relacionadas con la infancia.
En total han participado 618 personas, 332 de ellas menores de edad, y 858 aportaciones.
A este respecto, la consejera Maeztu ha destacado que "sin duda, ha permitido enriquecer la propuesta y elaborar un texto muy extenso y completo, lo que permitirá que llegue al Parlamento con un amplio consenso".
