Ante esta situación la plantilla está realizando las siguientes movilizaciones: jornadas de paro los días 5, 14, 21, 26, 28, 29, 30 de noviembre; y 4 y 5 de diciembre.
La empresa Cabelte Incasa (Egüés, 81 personas en plantilla) presentó el 5 de noviembre al comité de empresa (5 de ELA) un Expediente de Regulación de Empleo que supondría el despido de 24 personas, con el fin de asumir esa carga de trabajo en otras plantas de la multinacional (fabricante de cableado eléctrico).
Se trata, según el sindicato ELA, de "un claro proceso de deslocalización a costa de ejecutar despidos en Navarra".
Ante esta situación la plantilla está realizando las siguientes movilizaciones: jornadas de paro los días 5, 14, 21, 26, 28, 29, 30 de noviembre; y 4 y 5 de diciembre.
El pasado 20 de noviembre se celebró una reunión con Izaskun Goñi, directora general de Política Económica, para pedir su interpelación directa a Incasa, en la búsqueda de una solución a la planta de Egüés. La plantilla también se concentrará frente al Parlamento de Navarra el lunes 26 de noviembre.
Incasa es una empresa establecida en Egües desde el año 1995, para continuar con la actividad de la desaparecida Reynolds-Inasa cables. En el año 1999 fue adquirida por Cabelte Holding, pasando a integrarse dentro del grupo Cabelte S.A., con sede en Oporto. En 2012-2013 se realizó una reestructuración en el Grupo por una situación negativa de las empresas del Grupo en Portugal, cuestión que arrastró a Egües a ser hipotecada como garantía de las inversiones realizadas en Portugal para reflotar el Grupo.
Estas decisiones que se tomaron en 2012 han condicionado, a juicio del sindicato abertzale, el futuro de la planta de Egües, "sufriendo en estos años una pérdida de autonomía, viendo cómo se deslocalizaban el área comercial, compras, ventas,…".
Por ello, la situación es de "absoluta dependencia con Portugal, adonde se desvían trabajos que hasta ahora se hacían en Egüés. La planta navarra corre el riesgo de quedarse sin ningún plan de viabilidad real a medio plazo".
El sindicato considera "indispensable" la implicación del Gobierno para garantizar un proyecto viable y para defender el mantenimiento de los puestos de trabajo.
