En este momento, Navarra cuenta con 5.407 plazas residenciales, 2.958 de ellas financiadas por el Gobierno de Navarra.
La directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés, ha planteado este martes en el Parlamento Foral un nuevo modelo de concertación con residencias geriátricas en el que el usuario y sus familiares puedan elegir el centro.
Francés, quien ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN, ha señalado que, si este nuevo modelo no se ha puesto antes en marcha, es porque los contratos con las residencias de mayores han empezado a vencer a partir de este año.
En este momento, ha apuntado, Navarra cuenta con 5.407 plazas residenciales, 2.958 de ellas financiadas por el Gobierno de Navarra, un 55 % del total.
El modelo actual, ha explicado, presenta "una serie de dificultades", ya que no hay una distribución de plazas en función de las necesidades, no existe un criterio "legalmente válido" que justifique el número de plazas concertadas en cada residencia y hay escasez de oferta en Pamplona y Comarca.
En ese sentido, ha comentado que el criterio de la OMS es un 5 % de plazas geriátricas en relación a la población de más de 65 años y en Navarra, según esa referencia, hay unos "índices aceptables", salvo en el noroeste y la zona de Pamplona y Comarca.
Por este motivo, el Gobierno de Navarra plantea un acuerdo marco, que permita ofrecer una plaza pública donde el usuario lo solicite, así como concertar el mayor número de plazas posibles. Se estima que serían necesarias unas 3.000, aunque a futuro esta cifra puede ir creciendo por el envejecimiento de la población.
También se pretende incrementar el número de plazas concertadas en Pamplona y Comarca, y transformar el modelo de atención desde el meramente asistencial, "que es bueno y de calidad", a otro de "planificación centrada en la persona", ha dicho.
Para ello, en los pliegos se exigirán condicionantes para fomentar la toma de decisiones de las personas; crear espacios donde los usuarios puedan continuar con su vida; introducir en los centros la "historia de vida" para que las actividades y cuidados "tengan un sentido" para la persona que los está recibiendo; y fomentar un entorno familiar para que el centro sea su hogar.
Otro objetivo es abrir los centros residenciales a la oferta de nuevos servicios, como plazas de estancia diurna o la promoción de la autonomía personal.
En materia de personal, se exigirá un ratio mínimo de profesionales de atención directa y cuidadores para todos los centros, en función del porcentaje de personas dependientes.
Asimismo, se exigirá que haya siempre dos personas en turno de noche, una distribución igualitaria de personal de atención directa a lo largo de la semana y, para el personal que hace una función mixta, se pedirá una designación clara de horas dedicadas a funciones de atención directa y a servicios generales.
Por último, en los pliegos se exigirá personal técnico en horario de tarde.
Este nuevo modelo, ha señalado Francés, tiene el objetivo final de avanzar hacia un precio de concertación que sea único para toda la Comunidad Foral.
Francés ha reconocido que en este momento no se puede fijar un único precio de concertación dada la heterogeneidad de los centros en tamaño (van desde las 29 a las 575 plazas), en porcentaje de dependientes (del 90 % al 50 %) y en salarios de su personal.
Por ello, inicialmente se fijará un precio para cada residencia en función de una ratio de personal-usuario-año y los salarios abonados.
PSN HABLA DE "ROTUNDO FRACASO" DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Por otra parte, desde el PSN denuncian que el departamento de Derechos Sociales no ha cumplido con la gestión e implantación del sistema de conciertos con las residencias geriátricas que el consejero Laparra anunció al comienzo de legislatura.
La portavoz socialista en la materia, Nuria Medina, asegura que, en tres años de gestión, el Gobierno de Barkos no ha creado nuevas plazas para responder a la demanda de las personas en situación de dependencia, conformándose con lo existente, y sin dar respuesta a las necesidades, especialmente en Pamplona y su comarca.
Medina recuerda que el departamento prometió en 2015 aprobar un nuevo modelo de concertación que en 2017 pondría en marcha. Sin embargo, “a día de hoy, en la recta final de legislatura, ese modelo es inexistente”.
Medina denuncia la falta de apuesta del Gobierno de Barkos por la dependencia. Asegura, además, que al Ejecutivo le resulta “más cómodo conceder prestaciones económicas en vez de implantar una oferta más amplia de servicios para la atención a la dependencia”. Por ello, califica la gestión del departamento como un rotundo fracaso que afecta directamente a las personas demandantes.
Según datos del Ejecutivo de Navarra, más del 60% de los beneficiarios eligen prestaciones económicas frente al 40% que reciben la ayuda de servicios. "Esta tendencia ya se daba con los gobiernos de UPN, pero el actual Ejecutivo, no ha hecho nada para revertirla", incide la socialista.
Sin embargo, la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia subraya que las ayudas económicas deben tener carácter de excepción y no de norma, como está ocurriendo en Navarra según el PSN.
Según Medina, el sistema vigente ha sido cuestionado por los tribunales en varias ocasiones por no cumplir con la jerarquía normativa, a la espera del recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra.
