• jueves, 28 de marzo de 2024
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SOCIEDAD

"Una bofetada de realidad": critican "un goteo continuo" de menas que salen del sistema de protección en Navarra

Según han explicado, entre 2017 y 2019 la intensidad de los flujos de los menores migrantes pasó de ser un "movimiento apenas perceptible a una realidad que desborda las previsiones".

Un grupo de menores extranjeros no acompañados (menas) en un parque EFE
Un grupo de menores extranjeros no acompañados (menas) en un parque EFE

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha advertido de que se está produciendo un "goteo continuo" de salidas de jóvenes migrantes no acompañados del sistema de protección del Gobierno de Navarra y ha criticado la "pérdida continuada" en la calidad de este servicio desde mediados de 2020.

Así se han pronunciado en una sesión de trabajo en el Parlamento Lydia Almirantaranea y Edurne Redín, en representación de la Red, quienes han destacado que debe hacerse un "abordaje diferencial" de su atención respecto al resto de población infantojuvenil en desamparo debido a su "contexto de alta vulnerabilidad marcado por efectos del dolor migratorio, inexistencia de apoyo familiar, el desconocimiento de los idiomas y la irregularidad administrativa".

Según han explicado, entre 2017 y 2019 la intensidad de los flujos de los menores migrantes pasó de ser un "movimiento apenas perceptible a una realidad que desborda las previsiones y los recursos de los sistemas de protección", lo que llevó a establecer "de manera urgente" un plan de contingencia con un modelo de atención de carácter educativo, una red de recursos habitacionales, itinerarios formativos y un programa de acompañamiento a la vida independiente.

Sin embargo, ha resaltado que, desde mediados de 2020 comenzó una "pérdida continuada" de la calidad en la atención a este colectivo. Así, ha destacado que el 30 de junio "se expulsa a 25 jóvenes" del sistema de protección de menores, tras lo que se ha producido "un goteo continuo de salidas" que sigue en la actualidad con "hasta 72 casos", ha asegurado.

Salidas de jóvenes migrantes de 18 años que se producen "con una o dos semanas de preaviso y, en algunos casos, con 24 horas de plazo". Tiempo "insuficiente para articular salidas adecuadas", han destacado desde la Red, que ha demandado una "planificación de las salidas que permita trabajar los aspectos necesarios para garantizar su autonomía y que se realice una vez haya culminado con éxito el proceso de inclusión".

A ello ha sumado las suspensión de programas como el de alfabetización o el de acompañamiento sociocomunitario, junto con la suspensión de los "procesos de licitación que ya estaban en la fase previa de a su adjudicación" y de las mesas sectoriales.

Asimismo, ha indicado que el programa de acompañamiento a la vida adulta se ha reducido "en tiempo y recursos" y ha criticado que se produjo "un traspaso de competencias" de los departamentos de Derechos Sociales a Políticas Migratorias "pero no había planificación, ni programa ni servicios" en el nuevo departamento ni "una previsión económica" en los presupuestos. Así, ha remarcado que 2021 se ha iniciado con una "financiación insuficiente para el programa previsto".

Por todo ello, la Red de Lucha contra la Pobreza ha reclamado una evaluación del plan de contingencia creado en 2019 que "permita conocer detalladamente los procesos y pasos de los menores migrantes por los diferentes servicios previstos en el sistema de protección, el grado de cumplimiento de objetivos, el impacto del plan y sobre los destinatarios".

Un programa cuyos resultados, ha destacado la Red, "fueron positivos, por lo que las modificaciones producidas nos pillan por sorpresa". Entre estos resultados ha destacado la "recuperación de los niveles y estándares de calidad en cuanto a la eficacia del sistema de protección", una atención "del 100%" de los menores, una tasa de conflicto social y/o comisión de delitos "por debajo del 7%", y una "disminución de la alarma social tras la creación de las mesas comarcales".

Además, la Red ha echado en falta "mayor transparencia en la información y los procesos que se han ido adoptando" y ha subrayado que la organización departamental "no puede suponer una merma de los servicios para las personas". Por ello, ha apostado por un "trabajo conjunto" con la Administración con el objetivo de "articular una política pública eficiente para lograr la inclusión social de los jóvenes migrantes" desde un nuevo modelo que "tome como base los aprendizajes que en esta primera fase se han ido adquiriendo para consolidar los servicios y recursos que den respuesta a estos colectivos".

POSTURA DE LOS GRUPOS

El portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, ha calificado la sesión como una "bofetada de realidad" y ha señalado que "llama la atención el desconocimiento por parte de la Administración" de esta situación. En este sentido, ha destacado que la "extensa estructura" del Ejecutivo no puede servir para "prestar unos servicios más deficientes y que los departamentos se echen unos a otros la pelota y no sean capaces de responder". Además, ha criticado que no esté en marcha todavía el programa de mentoría Kideak del que "no conocemos más que el nombre".

Por su parte, Nuria Medina, del PSN, ha asegurado que "en este momento en Navarra no se ha dejado a ningún menor sin entrar en el programa de protección", si bien ha señalado que se produjeron salidas de jóvenes al comprobar que tenían 18 años. Medina ha reconocido una "descoordinación" entre Derechos Sociales y Políticas Migratorias y que ha habido jóvenes de 18 años que han quedado en "un vacío" ya que "no había suficientes recursos para poder atenderlos". Por ello, ha apostado por estudiar cómo mejorar estas situaciones y por que Navarra y el Estado trabajen coordinadamente para "dar una respuesta a todos estos jóvenes que no son menores y tampoco se les está garantizando sus derechos".

Por su parte, Isabel Aranburu, ha afirmado que "no se ha cambiado el criterio de atender a aquellos migrantes que superan los 18 años y no superan los 21" porque "es una prestación garantizada". Ha admitido que "puede haber jóvenes que no hayan tenido la atención que necesitan o bien porque cuando vinieron ya tenían 18 años o porque no han entrado al programa de intervención", requisito para acceder al programa de autonomía. Así, ha considerado que convendría hacer una evaluación y estudiar las opciones de mejora.

Patricia Perales, de EH Bildu, ha expresado su "enfado porque esta situación no es nueva". "Se nos ha tachado de mentirosos cuando hemos hechos ciertas acusaciones y ha tenido que venir el tercer sector y entonces reconocer que no se están haciendo las cosas de manera adecuada", ha reprochado. Además, ha asegurado que el consejero Eduardo Santos "no ha dicho la verdad en numerosas ocasiones" porque "ha habido una gran deficiencia y encima se ha ocultado esa problemática".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha reconocido los "problemas" en el servicio y ha resaltado que se ha creado una Dirección de Políticas Migratorias con un servicio de acogida y acompañamiento en la vida adulta" que "debe llevar a todas las personas a todos los servicios públicos a los que tenga derecho, y ese es el trabajo que se pretende hacer". En este sentido, ha puesto en valor este programa que, a pesar de su "escasa financiación" es un programa experimental con el objetivo de consolidar una nueva prestación dentro de la Cartera de Servicios Sociales".

Finalmente, la representante de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha remarcado que "la situación requiere un análisis profundo" porque refleja una "perdida de calidad de la atención y recursos desde 2020 en el programa de acompañamiento y una deficiencia en los recursos para atender" a los menores migrantes. Así, ha esperado que el Gobierno foral "asuma esta situación" y lo solucione y ha destacado que estos menores "una vez están en Navarra son ciudadanos, con lo cual toca es poner en marcha todos los sistemas de protección".


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