TERRORISMO

La lucha contra el olvido: 224 crímenes de ETA sin resolver y 21 causas reabiertas

No han sido aún condenados todos los etarras que participaron en estos atentados, ya sea como autores materiales o como colaboradores.

Ofrenda floral en la plaza de Baluarte en el monumento a las víctimas del terrorismo. PABLO LASAOSA
Ofrenda floral en la plaza de Baluarte en el monumento a las víctimas del terrorismo. PABLO LASAOSA  

 ETA mató a 858 personas en 51 años, una historia sangrienta en la que las familias de 297 víctimas siguen sin conocer quiénes fueron sus asesinos. La Audiencia Nacional cifra en 224 los atentados sin resolver y en 21 las causas reabiertas en una lucha contra el olvido y la impunidad que las víctimas ven con esperanza.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional revisa desde 2011 y a petición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y de otras asociaciones la situación de las causas penales sobre víctimas de la banda terrorista.

En su último informe actualizado, con fecha de 16 de enero y al que ha tenido acceso Efe, el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, detalla que en 224 atentados -más de la mitad, 128, perpetrados entre 1978 y 1982- la justicia "no ha podido exigir" responsabilidades a los autores y/o cómplices.

No significa que todos esos crímenes hayan quedado impunes, sino que no han sido aún condenados todos los etarras que participaron en ellos, sea como autores materiales o colaboradores.

Precisamente, el hallazgo de pruebas e indicios ha permitido reabrir 21 sumarios, a los que se podría añadir otro más después de que la Audiencia haya ordenado nuevas diligencias a las fuerzas de seguridad sobre el atentado perpetrado por la banda en 1979 en Villafranca (Guipúzcoa) en el que fueron asesinados un guardia civil y su novia.

"DEBER MORAL"

38 años después, la petición de la Fundación Villacisneros de impulsar esta causa -ha solicitado investigar al menos otros cuatro casos más-, ha dado sus primeros frutos, declaran a Efe con optimismo tanto el presidente de la institución, Íñigo Gómez-Pineda, como el abogado que se está encargando de todos los trámites judiciales, Santiago Milans del Bosch.

"Es un deber moral investigar hasta el final para impedir que se imponga el sentir general de que hay que pasar página ya", defiende el letrado, consciente de la dificultad legal de condenar a unos asesinos casi cuatro décadas después de cometer un crimen, que se "resolvió" con su archivo dos meses después "por falta de autor conocido".

Y es que no hay que olvidar que un crimen prescribe a los 20 años de su comisión, por lo que Milans del Bosch ve "muy relevante" la puerta que ha abierto el fiscal Pedro Rubira al argumentar que, si bien el atentado sí pueda estar prescrito, el delito de integración en banda armada no lo está en tanto que esa organización terrorista no desaparezca o sus miembros no la abandonen.

A ese alegato se aferran ya "con esperanza" las familias de muchas víctimas, dice a Efe Gómez-Pineda que tacha de "escándalo" que puedan quedar impunes más de 300 atentados, razón por la que la entidad privada que preside está volcada en el proyecto Dignidad de reapertura de atentados de ETA.

Con más escepticismo ven los investigadores de las fuerzas de seguridad que esta revisión de causas obtenga resultados, sobre todo en los atentados más antiguos, perpetrados en los años 80.

AVALANCHA DE CRÍMENES

"Hubo una avalancha tal de crímenes durante unos años que no se daba abasto", reconocen a Efe fuentes de la lucha antiterrorista, que también admiten que esta es la razón por la que se investigaba "bastante poco", lo que ahora hace "imposible" reabrir muchos casos porque los documentos son muy viejos y apenas contienen nuevas pruebas.

Van más allá las fuentes consultadas al opinar que solo si los etarras colaboraran sería posible esclarecer esos crímenes con el objetivo de dar satisfacción moral a sus víctimas, aunque aseguran que una de las principales líneas de investigación del trabajo de las fuerzas de seguridad sigue siendo identificar a los autores de los atentados de ETA.

Esta perseverancia ha permitido, por ejemplo, la reapertura en 2012 de varios atentados que estaban a punto de prescribir, como el asesinato en Madrid del coronel retirado del Ejército del Aire Aquilino Vasco Álvarez, de los guardias civiles en Oyarzun (Guipúzcoa) José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez o del policía nacional en San Sebastián Ricardo González Colino.

Hace dos años, la Audiencia también revisó el asesinato con bomba lapa del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León y las nuevas pruebas llevaron a procesar a los etarras Soledad Iparragirre, "Anboto", y Sergio Polo Escobes, "Lur", como sus autores.

En estos últimos seis años, también las fuerzas de seguridad, impulsada por la acción de la fiscalía, ha conseguido determinar que fue el exjefe de aparato militar de ETA Mikel Carrera Sarobe "Ata", el que asesinó en 2001 al presidente del PP en Aragón Manuel Jiménez Abad.

A la lista de 21 sumarios reabiertos se unen los del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, los asesinatos de militante socialista Fernando Múgica o los de los concejal del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.


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