• martes, 22 de junio de 2021
  • Actualizado 16:55

 

 
 

Se insta a que Navarra se adhiera a la red de ciudades libres del tráfico de personas para la prostitución

Se equipara la prostitución a violencia de género y explotación sexual y se aboga por la denuncia, persecución y penalización del cliente y del proxeneta.

Imagen de prostitución. ARCHIVO
Se insta al Gobierno foral para llevar a cabo una campaña de sensibilización.

La Comisión de Relaciones Ciudadanas ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, PSN, PPN e I-E y los votos en contra de EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que la Comunidad Foral se “se adhiera a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo Foral a “diseñar una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente cliente, siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género”. UPN, PSN, PPN e I-E han votado a favor, mientras Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu lo han hecho en contra.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de Navarra a que, “en colaboración con la Administración central, centre la acción en la erradicación de la demanda, a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta, exigiendo al Gobierno central que establezca de forma urgente una normativa que penalice con penas de cárcel de hasta seis meses y multa, como en Suecia, a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual”. 

Asimismo, se conmina al Ejecutivo Foral a “seguir el ejemplo de la normativa sueca para, en ningún caso, dirigir su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretender su penalización o sanción. Sí proveerá, por el contrario fondos para servicios sociales integrales que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución”. UPN, Geroa Bai, EH Bildu, PSN, PPN e I-E han votado a favor y Podemos-Ahal Dugu se ha abstenido.

Además, se solicita al Gobierno de Navarra que “apueste también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al Gobierno central erradicar la precariedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, que provocan el que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia”. UPN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e I-E han votado a favor y EH Bildu se ha abstenido.

Así, en vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, el Gobierno embargará los bienes de la industria del sexo y los invertirá en el futuro de las mujeres que están en la prostitución, proporcionando recursos económicos y alternativas reales”.

Por otra parte, se invita a que “ni el Gobierno de Navarra ni ninguna administración pública utilicen para su publicidad institucional medios de comunicación (independientemente de su soporte) que contengan anuncios de prostitución, procediendo a suprimir cualquier colaboración o financiación de dichos medios”. UPN, PSN y PPN han votado a favor, Geroa Bai, e I-E han votado en contra y EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu se han abstenido.

Por último, se exige una “aplicación real de la Ley, de modo que se persiga el tráfico de mujeres y personas, así como a los proxenetas que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce”. UPN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e I-E han votado a favor y EH Bildu lo ha hecho en contra.

EH Bildu ha presentado una enmienda de sustitución, no aceptada por el PSN, titular de la iniciativa, tendente a “poner en marcha medidas y programas integrales de actuación ante la explotación sexual y/o la trata; a eliminar la aplicación de la Ley Mordaza y la Ley de Extranjeríaa las víctimas de esas prácticas; a garantizar el acceso a los servicios sanitarios y sociales a las personas que ejercen; y a abrir un debate social y participativo dirigido a acabar con la estigmatización”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el PSN entiende que la prostitución es “una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar, porque ello equivaldría a legitimar una forma de violencia de género extrema que confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería la de estar al servicio sexual de los hombres”.

En ese contexto, la proponente habla de una “lucha ideológica, de valores” y, en aras a una “sociedad en igualdad”, propugna centrar la atención en la “erradicación de la demanda a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta”. Se descarta la “penalización o sanción” de la actividad, porque la prostitución es considerada como “un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños”.

A su juicio, cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por “plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Pasa también por perseguir a las mafias y evitar leyes permisivas, así como por transformar la mentalidad de los varones, de modo que los derechos de las mujeres pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos”.

En ese sentido, la adhesión a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución es considerada “un primer paso en la apuesta por la abolición de dicha práctica”.


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