Aseguran que desde que se inició la huelga a nivel nacional se han provocado unas perdidas de entre 800 mil y un millón de euros.
La senadora autonómica de Navarra, Idoia Villanueva, ha registrado en el Senado una batería de preguntas a raíz de los paros que se han producido en la Comunidad foral por parte de los examinadores de tráfico y "las consecuencias que están teniendo tanto para las autoescuelas como para quienes se presentan a dichas pruebas".
Así, ha preguntado al Gobierno sobre qué medidas ha tomado o va a tomar para compensar tanto a quienes se presentaban a dichas pruebas, como a las empresas del sector de la formación vial afectadas por la huelga.
Villanueva ha señalado, en un comunicado, que "llevamos más de una década con escasez de personal como consecuencia de bajas por jubilación, cambios de puesto de trabajo o traslados y en los últimos meses la situación se ha agravado con los paros de los examinadores".
Por ello no solo ha interpelado al Gobierno sobre cuáles son las razones "para que en una década se haya perdido prácticamente la mitad de los examinadores de tráfico en Navarra sino que además quiere saber qué medidas ha adoptado o piensa el Gobierno adoptar para terminar con el conflicto entre los examinadores y la DGT que está provocando prácticamente la quiebra del sector de la formación vial".
Finalmente, la senadora autonómica se pregunta si el Gobierno tiene previsto "convocar para el 2018 al menos 6 plazas para examinadores que cubran suficientemente la población actual".
Además, Villanueva ha señalado que "de un total de 10 examinadores de hace una década, Navarra ha pasado a contar con una plantilla fija de 3,5 examinadores para pruebas de circulación en vías abiertas al tráfico, aunque conste en la DGT 5 examinadores, la realidad es que por diferentes situaciones son solo 2,5 examinadores los que realmente realizan las pruebas en vías abiertas a la circulación".
La consecuencia directa de esta situación, ha dicho, "es, además de la crisis en el sector de la formación vial con pérdidas entre los 800.000 y un 1.000.000 de euros, el despido de trabajadores del sector, 1.200 pruebas suspendidas, de las 2.273 pruebas menos realizadas en el 2017 en los meses de junio, julio y agosto con respecto al 2016, y los 821 expedientes menos de permisos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre".
