• viernes, 19 de abril de 2024
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SOCIEDAD

Proteger el castellano: campaña de recogida de firmas para que no se vulneren los derechos de los castellanoparlantes

La asociación Hablamos español pretende presentar una Iniciativa Legislativa Popular, que ya ha recibido el visto bueno del Congreso y el Senado.

Recogida de firmas de la asociación Hablamos español EUROPA PRESS
Recogida de firmas de la asociación Hablamos español. EUROPA PRESS

La asociación Hablamos español instalará mesas informativas e iniciará una recogida de firmas por toda España para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en favor de la libertad de elección de lengua, al entender que en la actualidad "se vulneran sistemáticamente los derechos lingüísticos de los hispanohablantes" en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales.

"El próximo 8 de septiembre, representantes de las delegaciones de Hablamos español saldrán a la calle. Se instalarán mesas en las capitales de provincia o en los lugares más emblemáticos. Por ejemplo, en Asturias, dado que coincide con la celebración del día de la Virgen de Covadonga, las delegaciones de Oviedo, Gijón y Avilés coincidirán en Cangas de Onís", ha informado la asociación.

La iniciativa popular impulsada por esta asociación, que recibió el visto bueno del Congreso y del Senado en el 2017 para iniciar una recogida de firmas, contiene un total de ocho artículos, en los que trata de garantizar la igualdad entre las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas con esta condición.

Se centra especialmente en la enseñanza, ámbito en el que les reconoce a los padres el derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudian sus hijos hasta su mayoría de edad. Asimismo, la ley propone una exención (en la asignatura del idioma) de tres años, a partir de sexto de Primaria, en la calificación a los alumnos trasladados a una comunidad autónoma con una lengua que no se habla en su lugar de residencia.

Esta exención, que también se aplica en la ley en Bachillerato, aunque se haya contado ya con una exención, no exime a los alumnos de ir a clase, en su caso de catalán, euskera o gallego, para que vayan asimilando el idioma de su nueva comunidad de residencia. En el caso de no asistir a las clases, los alumnos perderían esta ventaja y deberían examinarse.

En las pruebas de acceso a la universidad, el alumno tendrá derecho a escoger en qué idioma recibe las preguntas de cada examen y a contestarlas en la lengua que desee, siempre que sea una de las lenguas oficiales de la autonomía en la que se examina.

DEMANDA MÍNIMA EN EDUCACIÓN

En la propuesta de Hablamos español se asume que, para que un grupo de alumnos pueda recibir clase en el idioma deseado, debe haber una demanda mínima que nunca puede ser inferior a los 25 alumnos. Es decir, que si en un municipio hay 25 alumnos que solicitan estudiar en castellano, la administración pública debe asegurarles que así sea. En cualquier caso, si no se alcanza la demanda mínima, el alumno podrá emplear material pedagógico en aquella lengua oficial que prefiera, así como dirigirse al profesor en ella y examinarse también en dicho idioma.

En cuanto al uso de la lengua en el espacio público, Hablamos español sugiere que las señalizaciones, informaciones, impresos, formularios y folletos dependientes de los poderes públicos se encuentren siempre, por separado o en formato bilingüe, en todas las lenguas oficiales de la comunidad.

Los ciudadanos tendrán además el derecho a dirigirse en la lengua que deseen a los empleados públicos y a ser interpelados en esa misma lengua. De esta manera, en el caso de una consulta online, por ejemplo, si es el ciudadano el que inicia la conversación, la administración le contestará al menos en el idioma de la consulta. Por el contrario, si envía un correo un miembro de la administración, deberá hacerlo en las dos lenguas cooficiales, para garantizar la comprensión y libertad de respuesta del ciudadano que recibe la comunicación.

Por otro lado, se establece la obligación de que todos los informes o certificaciones enviados a destinatarios de otra comunidad autónoma estén redactados al menos en castellano. Asimismo, los empleados públicos que sepan hablar castellano no tendrán la obligación de hablar la otra lengua cooficial, salvo en casos en los que "lo requiera la naturaleza del puesto de trabajo", y será la administración la que distribuya sus recursos para poder atender en cualquier idioma oficial.

EL IDIOMA NO CONDICIONARÁ LAS SUBVENCIONES

Como norma general, no se podrá condicionar el uso de determinada lengua a la percepción de subvenciones. Sí podrá recibir una determinada lengua subvenciones en el ámbito artístico y cultural, siempre que las obras de arte en la otra lengua oficial autonómica reciban al menos un tercio de la asignación que se le da a la primera.

Por último, la mencionada asociación propone en su iniciativa Legislativa Popular que todos los topónimos sean oficiales en las distintas lenguas que existan en la comunidad.

Hablamos español dispone de 56 delegaciones en la actualidad, repartidas por todo el territorio nacional, en las que se pondrán mesas a disposición de la ciudadanía el próximo 8 de septiembre para apoyar esta ley.


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