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Los guardias civiles alertan sobre riesgos en la seguridad de Navarra al suprimir sus competencias

Varias asociaciones profesionales consideran que transferir el tráfico a la Policía Foral es un "desprecio" a los guardias civiles.

Imagen de archivo de un guardia civil. PABLO LASAOSA
Imagen de archivo de un guardia civil. PABLO LASAOSA  

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado este lunes que "la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad vial a la Policía Foral de Navarra es una nueva muestra de desprecio a los guardias civiles".

En un comunicado la AUGC recuerda que lleva años defendiendo la necesidad de la revisión del modelo policial en España "de manera que responda a una seguridad pública moderna y eficaz, evitando duplicidades entre distintos cuerpos y mejorando la coordinación e información entre estos".

Recuerda que "el Gobierno ha acordado con la Presidencia de Navarra acometer la transferencia definitiva de tráfico y seguridad vial en esta comunidad autónoma a través de su Policía Foral".

Añade que "de este modo Navarra se añade a otros territorios en los que estas competencias ya estaban transferidas como Cataluña y País Vasco, y Canarias podría ser la siguiente en recibir esta transferencia definitiva".

Para la AUGC "esta decisión vuelve a incidir en la descoordinación policial y supone una pérdida de competencia para los guardias civiles, cuyo trabajo, lejos de ser valorado como merece por el Gobierno, sigue siendo objeto de faltas de respeto como producto de concesiones que únicamente responden a intereses políticos y no a la verdadera función del Cuerpo".

Por otro lado la organización hace pública la gran preocupación que existe entre los guardias civiles de Tráfico en Navarra y entre sus familias "ante la incertidumbre que ahora se abre respecto a su situación".

"Como ya sucedió en los casos precedentes de las comunidades autónomas donde antes se transfirieron estas competencias, muchos de ellos deberán aguardar la adjudicación de nuevos destinos en otros territorios con el consiguiente desarraigo que ello implica o plantearse incluso su paso a la Policía Foral", advierte la AUGC.

La asociación anuncia que ya está trabajando para que esta decisión sea revisada "antes de que este nuevo despropósito cause un grave perjuicio a todos estos trabajadores y sus familias.

JUCIL ALERTA SOBRE RIESGOS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Desde la asociación JUCIL (Justicia Guardia Civil) han lamentado en un comunicado que "vuelvan a primar los intereses políticos a los ciudadanos" en referencia al traspaso de competencias de tráfico a la Policía Foral.

"El ejecutivo actual tiene planeado el progresivo repliegue de de la Guardia Civil del territorio", alertan en su nota desde la asociación de agentes, en la que hablan sobre un "gran menoscabo en la protección que el Estado debe garantizar a los ciudadanos en materia de seguridad". JUCIL lamenta que no se cuente con las familias de los agentes afectados: "Se les menosprecia y se les abandona sin consideración ninguna".

"No sólo se humilla a aquellos que durante años derramaron en Navarra sudor y sangre en defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, sino que además es una medida inapropiada dada la actual situación de alerta 4 antiterrorista", prosiguen en su comunicado.

Desde la asociación lamentan que no se proteja el derecho a la elección de lugar de residencia de los guardias civiles que se verán afectados por el cambio de competencia. Según JUCIL, un total de 300 familias se ven abocadas a esta situación en Navarra.

Los agentes señalan en su nota que si la medida, ya pactada entre el Gobierno de Uxue Barkos y el de Pedro Sánchez, se lleva a la práctica generará riesgos en la seguridad ciudadana. En este sentido, han recordado el siniestro de Cáseda con tres personas fallecidas tras ser tiroteadas, una actuación en la que insisten en que no se avisó al cuartel de la Guardia Civil situado a escasos 100 metros del lugar del crimen.

Según JUCIL, la medida supondrá un perjuicio económico, haciendo referencia al "palpable maltrato económico que sufren los guardias civiles al constatar como otras policías reciben mayor remuneración económica".


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