En 2016 se realizaron un total de 450 inspecciones, en las que 26 personas fueron sancionadas por no residir allí de manera habitual.
El control de la ocupación de las viviendas protegidas, que se realiza por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra en colaboración con la Policía Foral, se centrará en 2017 y 2018 en las viviendas adjudicadas en los años 2013 y 2014.
Así lo contempla el V Plan de control de inspección en materia de vivienda, que busca garantizar que las VPO se destinen a su principal fin social, es decir, que estén efectivamente ocupadas y sean residencia habitual permanente.
El nuevo plan introduce algunas novedades, principalmente como consecuencia de la reciente modificación de la Ley Foral 10/2010, del Derecho a la Vivienda en Navarra. Entre ellas, cabe destacar el control de las viviendas protegidas arrendadas a las entidades locales y a las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Y la comprobación del cumplimento de las obligaciones que corresponden a los arrendadores de viviendas protegidas con respecto a los arrendatarios, especialmente las de información.
A tal efecto, se exigirá la remisión al Departamento de una copia de las cuentas anuales resultantes de la gestión de los elementos comunes del edificio, información que será publicada de forma anual en el sitio web informativo en materia de vivienda, según ha explicado el Gobierno foral.
Por otro lado, se comprobará la efectiva condición de perceptor de la renta garantizada a efectos de percibir las correspondientes subvenciones y el cumplimento de los requisitos establecidos para el ejercicio de la opción de compra en los contratos de compraventa derivados de un contrato de alquiler con opción a compra, así como de los exigidos para el acceso al alquiler compartido de vivienda.
OTRAS MEDIDAS
Se pretende exigir también la efectiva entrega del Libro del Edificio, de acuerdo con la obligación establecida en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, mediante la presentación del acta de recepción del Libro del Edificio.
Por último, se vigilará que se destinen al arrendamiento las viviendas rehabilitadas o creadas por cambio de uso de local a vivienda por parte de entidades locales y promotores públicos que hayan percibido una subvención para tal fin.
SANCIONES EN 2016
Durante el año 2016 se han llevado a cabo un total de 450 inspecciones de ocupación de viviendas protegidas (106 por parte de la Policía Foral y 344 a través del requerimiento de los consumos de agua y energía eléctrica por parte del Departamento). Como resultado, un total de 26 personas han sido sancionadas por no destinar la vivienda protegida a residencia habitual y permanente.
El nuevo Plan buscar conseguir una mayor concienciación acerca de la obligación de ocupación de las viviendas protegidas, recordando la posibilidad de arrendar las mismas, como alternativa frente a la desocupación, con total garantía frente a impagos y daños a través de la Bolsa de Alquiler de Nasuvinsa.
