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Navarra oferta nuevas plazas en centros de internamiento para atender a infractores de entre 14 y 18 años

La licitación busca poner en marcha programas para menores menores en conflicto social por grave inadaptación e infractores de menos de 18 años.

Imagen de varias literas en un centro de internamiento de menores. ARCHIVO
Imagen de varias literas en un centro de internamiento de menores. ARCHIVO  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles la licitación de un concierto de gestión de 73 plazas mixtas de internamiento y medio abierto para menores.

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha indicado en conferencia de prensa que las plazas se dirigen a menores encuadrados en el sistema de reforma y protección, y menores en conflicto social.

Este sistema, ha dicho, abarca cinco programas en régimen de internamiento y otros dos dirigidos a la educación de los menores y su atención terapéutica.

En concreto de las 73 plazas licitadas, 25 son mixtas de internamiento en régimen cerrado y/o semiabierto en centro de cumplimiento de medidas judiciales de nivel 1 y 10 en régimen semiabierto en centro de cumplimiento de medidas judiciales nivel 2.

Además otras 10 son plazas mixtas del programa de acompañamiento a jóvenes en proceso de autonomía en medio abierto, 6 son en internamiento residencial en medio abierto para convivencia con otra persona, familia o grupo educativo y 22 son plazas mixtas para menores en conflicto social en programa educativo.

Con el concierto ahora licitado, el Gobierno busca posibilitar el marco técnico y administrativo, así como los recursos necesarios, para la puesta en marcha de estos programas para menores infractores de entre 14 y 18 años encuadrados en el sistema de reforma y menores en conflicto social por grave inadaptación dentro del sistema de protección.

El proceso de adjudicación del concierto será por procedimiento abierto con publicidad y tendrá una duración de 3 años, del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2022, prorrogable por otros dos períodos de hasta tres años, con un máximo total de nueve años.

Esta licitación constituye el segundo expediente llevado a cabo bajo la modalidad de concierto, regulada conforme a la ley foral de 2017 de conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.

Esta ley tiene entre sus objetivos el ser una alternativa a las subvenciones u otras formas de financiación, ofreciendo a las entidades sociales sin ánimo de lucro un modelo a juicio del Gobierno "más estable y más garantista" en torno a servicios y programas que ahora vienen desarrollando por esta vía o a través de otras fórmulas de financiación.

Se pretende reconocer así "la enorme aportación de recursos humanos, económicos y materiales, además de la experiencia en la atención que las entidades de iniciativa social vienen realizando tanto al sistema de servicios sociales como sanitario, abriendo para el futuro nuevas oportunidades de colaboración entre la Administración Pública y la sociedad civil".

Y es que en muchas ocasiones se trata de entidades de iniciativa social que surgen de las propias personas afectadas por problemáticas socio-sanitarias y sin ánimo de lucro, cuyo fin social, junto a su capacidad para aportar recursos añadidos, es la mejora continua en la atención a las personas beneficiarias de sus servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad.

El Gobierno suma a ello "su habitual capacidad de complementar los servicios con programas preventivos y de voluntariado socio-comunitario".

En este caso, considera que la puesta en marcha de esta licitación va a permitir al Sistema de Protección a la Infancia, y por extensión al sistema público de servicios sociales, sanitarios y socio-sanitarios, "aumentar las garantías que pueden ofrecerse a la ciudadanía tanto desde la perspectiva de la continuidad del servicio como desde el prisma de los estándares de calidad de las prestaciones ofrecidas".


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