El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una declaración institucionalcon motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora este jueves, después de que recientemente sus socios (Geroa Bai y Bildu) rechazaran condenar a ETA.
Por medio de la declaración, el Gobierno de Navarra manifiesta que "la violencia terrorista, además de ser injusta e ilegítima, supone una violación máxima de los derechos humanos y constituye una grave amenaza a la democracia y a la convivencia".
Además, el Ejecutivo mantiene "el apoyo y la solidaridad a las víctimas del terrorismo de ETA, del 11-M y de otras organizaciones terroristas, trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las representan en hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
El Ejecutivo rechaza "cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias" y aboga por "documentar y preservar los testimonios, vivencias y reflexiones de las víctimas del terrorismo, evitando así el olvido y favoreciendo la empatía y la cercanía con ellas".
Exigen que se erradique, "de manera urgente, los homenajes públicos a terroristas y la exaltación de sus símbolos".
También apuesta por "impulsar nuevos programas educativos destinados a favorecer una cultura de respeto a los derechos humanos, deslegitimación de la violencia, empatía con las víctimas y capacitación para la convivencia".
Con motivo de esta conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Ejecutivo foral ha organizado un acto de homenaje este jueves en Pamplona que estará presidido por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el que se leerá esta declaración, tanto en castellano como en euskera, y se realizará una ofrenda floral.
Este acto tendrá lugar a las 8.45 horas en la plaza de Baluarte, junto al monumento a las víctimas del terrorismo. Participarán en él miembros del Gobierno de Navarra.
Además, se ha invitado entre otras autoridades, al presidente del Parlamento, al delegado del Gobierno, al alcalde de Pamplona, al presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), a portavoces de los grupos parlamentarios, así como a asociaciones de víctimas.
