El Gobierno de Navarra ha informado de que coordinará todos los servicios de prevención de riegos laborales.
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto de Salud Pública y Laboral, ejercerá la coordinación ejecutiva de todos los servicios de prevención de riesgos laborales, propios y ajenos, en relación con la pandemia de COVID-19.
Según ha informado en conferencia de prensa tras la sesión semanal del Gobierno el vicepresidente Javier Remírez, esta es una de las medias incluidas en el tercer decreto ley foral aprobado por el Ejecutivo desde que se declaró el estado de alarma y que ahora será remitido al Parlamento.
Se trata, ha dicho, de "garantizar la unidad de criterio" para prevenir los riegos de contagio por coronavirus, de manera que se haga "compatible" la actividad económica con la salud publica y laboral, siempre "por encima" de otros intereses, aunque el Gobierno desea que se recupere cuanto antes la normalidad.
Con la recuperación de la actividad no esencial desde este pasado martes, es preciso supervisar un importante número de empresas, 1.612 en la construcción y 2.209 en al industria, lo que requiere la actuación de todos los recursos preventivos disponibles en la comunidad.
Es una "intervención centralizada de los servicios de prevención y del personal técnico preventivo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en las empresas para garantizar una vuelta al trabajo segura", sostiene el Gobierno, que destaca que las empresas y autónomos que no dispongan de Servicio de Prevención contarán con el asesoramiento de Salud Laboral (ISPLN) y de las mutuas.
En este sentido, ha añadido, se deben respetar las medida de protección colectiva, como las distancias de seguridad y las higiénicas, y después llegar a otras cuando sean necesarias como los Equipos de Protección Individual (EPI), un asunto que se está analizando con los agentes económicos y sociales.
El Ejecutivo quiere conocer las necesidades y recibir información sobre los canales de abastecimiento que se utilizan, ya que, sobre todo para las pequeñas empresas, hay problemas con el acceso, los precios y los plazos.
Por ello, aunque "la responsabilidad última corresponde a las empresas, eso no ha cambiado, el Gobierno tiene una"actitud proactiva" para "favorecer su acceso al mercado" de EPI.
Remírez ha defendido además la "transparencia" con la que está actuando en esta crisis el Gobierno de Navarra y ha asegurado que "atenderá la llamada" del Parlamento cada vez que esta se produzca para la "rendición de cuentas". El vicepresidente ha realizado esta declaración tras la petición de Navarra Suma de realizar semalmente un pleno de control al Gobierno.
Preguntado por la propuesta de unificar este curso docente y el próximo, ha indicado que la misma ha tenido "una buena acogida" por "equilibrada" y que se tratará sobre ella en los foros convocados por el Ministerio de Educación.
