Han celebrado el Día Internacional de las Personas Sordas y han centrado su objetivo en lograr una ley que integre todos los lenguajes adaptados.
La asociación Eunate ha reivindicado este sábado atención para la necesidades de las personas sordas, una discapacidad que sufren en España en distinto grado más de un millón de ciudadanos. La asociación señala que una de cada mil personas a lo largo de su vida sufrirá una pérdida auditiva, y calcula que el 98% de las personas afectadas en España utiliza la lengua oral mientras que 13.000 emplean la de signos.
Otros datos que aporta Eunate es que cinco de cada mil nacidos presenta algún tipo de sordera, 2.500 al año, y que el 97% de los niños sordos tiene progenitores oyentes. Mientras que de jóvenes y adolescentes indica que el 50% de los que tienen entre 12 y 35 años están en riesgo de presentar pérdida de audición por sobreexposición al ruido en contextos recreativos.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas, que conmemora el X aniversario de la aprobación de la ley que reconoce la lengua de signos y regula los medios de apoyo, Eunate pide que esta sea una ley "integral". La norma garantiza que las personas con discapacidad auditiva y sordociegas dispongan de los medios necesarios para una vida autónoma, para su inclusión y participación en su entorno, dice Eunate en un comunicado. Y añade que la ley rubricó además "los derechos" como padres y madres para la "elección" de la lengua materna, del modelo educativo y de la lengua vehicular de enseñanza para los hijos.
UNA LEY INTEGRAL COMO META
Pero el objetivo ahora es que sea "una ley integral de las diferentes opciones comunicativas de la persona sorda, bien sea lengua oral bien sea de signos, y que garantice los distintos recursos que cada uno precisa para su acceso a la comunicación y a la información".
Para ello la asociación pide el desarrollo reglamentario de la ley, una planificación equilibrada y razonada de la dotación económica que debe acompañar tanto este desarrollo como la aplicación de la norma, y que se hagan efectivos los mandatos relativos a financiación y acceso a los apoyos técnicos para las personas.
