ELA ha reclamado también que se cree una banca pública y se deroguen las reformas laborales de 2010, 2011 y 21012.
ELA ha registrado en el Parlamento de Navarra una propuesta a la Ley Foral contra la deslocalización empresarial en la que, entre otras medidas, pide que se prohíba la deslocalización de empresas rentables y que se les obligue a devolver las subvenciones.
La creación de una banca pública y una fiscalidad más justa figuran también en la propuesta que ha sido presentada en rueda de prensa por el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, y la responsable de negociación colectiva del sindicato, Sonia Ontoria, que junto con varios compañeros se han concentrado frente al Parlamento para visibilizar sus peticiones.
En los últimos años, ha denunciado Ontoria, han sido muchas las empresas que han decidido cerrar sus centros de trabajo en Navarra, como Siemens–Gamesa, Trenasa, Faurecia, Miasa, Loxin, Cabelte Incasa o Apoyos Metálicos, todas ellas, ha apuntado Pascual, “empresas con beneficio que solo quieren seguir ganando más” y que han recibido millones en ayudas públicas.
“El momento es ahora”, ha subrayado Pascual, que ha instado al Parlamento a que “legisle para prohibir por ley que estas empresas sin escrúpulos hagan esto”.
Entre las medidas planteadas por el sindicato para frenar esta situación está la de derogar las reformas laborales del 2010, 2011 y 2012 para evitar deslocalizaciones provocadas por las empresas, garantizar la negociación y recuperar el papel activo de la Administración, que ahora “se sitúa en un tercer plano” cuando “tiene que jugar un papel activo”, ha denunciado Pascual.
ELA pide también que la deslocalización suponga la obligación para las empresas del reintegro de las subvenciones percibidas, así como la introducción en la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo la opción de expropiación por el valor del suelo no urbanizable, oficinas e inmovilizado por “vulnerar la función social inherente al derecho a la propiedad privada”.
En materia fiscal, ha solicitado la creación de una banca pública y “dar la vuelta” a una fiscalidad que Pascual ha calificado como “injusta”, ya que 7 de cada 10 euros recaudados provienen de las rentas del trabajo y es el territorio del Estado en el que menos se recauda a través del Impuesto de Sociedades.
Asimismo, ELA ha pedido que se equipare la presión fiscal a la media de la UE, que se combata el “enorme” fraude fiscal de las rentas empresariales y de capital, impulsar la demanda interna para sentar al recuperación y que los presupuestos de Navarra sean “un instrumento real de política económica para la redistribución efectiva de la renta, la transformación y mejora del modelo productivo”.
En política industrial el sindicato ha abogado por impulsar el papel activo de la Administración en la defensa de las actividades productivas en riesgo de deslocalización, que se persone en todos los procesos de liquidación de empresas y concurso de acreedores y la puesta en marcha de un protocolo de actuación para empresa en crisis, en proceso de relevo generacional o deslocalización.
Entre las causas de esta deslocalización, el sindicato ha destacado la actual estructura de la propiedad de capital, ya que “en la medida en que el capital de la empresa esté mayoritariamente en empresas extranjeras, la empresa es más vulnerable a la deslocalización”.
En este sentido, Pascual ha criticado que el problema en las políticas empresariales mantenidas en Navarra durante los últimos años radica en que el ámbito de decisión de las empresas se establece en muchos casos fuera de la Comunidad Foral.
Han apuntado que es más fácil que opten por este tipo de actuaciones las empresas con gran capacidad financiera y de recursos, así como aquellas pertenecientes a sectores que viven situaciones más desfavorables como la escasez de suelo o las presiones urbanísticas.
