El sindicato abertzale ha destacado que las mujeres asumen mayoritariamente los trabajos de cuidado "que no son reconocidos social y económicamente".
ELA considera que "es hora ya de que la brecha salarial se sitúe en el centro de la agenda política y de que las administraciones y gobiernos adopten las medidas necesarias para erradicarla".
En este sentido, ha destacado que el Gobierno de Navarra "dentro del ámbito de sus competencias, con voluntad política y poniendo los medios para ello, puede hacer mucho contra la brecha salarial".
Así se han pronunciado Leire Txakartegi y María Balda, responsables de género de ELA, que este jueves han comparecido en rueda de prensa para presentar 25 propuestas que ha elaborado el sindicato para combatir la brecha salarial.
Según un estudio realizado por ELA, en Navarra las mujeres ganan 8.164 euros menos al año que los hombres, lo que representa un 28,41% de salario menos. En este sentido, María Balda ha afirmado que la desigualdad salarial es "un grave problema político" cuyo origen "se encuentra en la propia organización del sistema capitalista y heteropatriarcal y el injusto reparto de trabajo.
Ha destacado que las mujeres asumen mayoritariamente los trabajos de cuidado "que no son reconocidos social y económicamente", de forma que los permisos de maternidad, reducciones de jornada o excedencias "son utilizados en su mayoría por mujeres". Al respecto, ha resaltado que gran parte de las personas con contrato parcial son mujeres como "mecanismo para conciliar el empleo y los trabajos domésticos y de cuidado".
Además, ha indicado que al empleo que desempeñan las mujeres "se le atribuye un valor menor". Los sistemas salariales, ha continuado, "también se basan en esta situación de desigualdad" a través de categorías "correspondientes a capacidades vinculadas a los hombres".
Por todo ello, ELA ha planteado 25 propuestas que remitirá al Gobierno de Navarra. Entre ellas, propone que las licitaciones que realicen las administraciones "se hagan respetando la ley de Contratos Públicos" y "dando la prioridad necesaria a la dignificación de las condiciones laborales del personal de las empresas subcontratadas" en el que las mujeres "son mayoría".
Así, ha exigido que en las empresas subcontratadas no se acepten salarios inferiores a los 1.200 euros, que se garantice la jornada labora vigente en las administraciones, "garantizar condiciones iguales en trabajos comparables a los que desempeñan los hombres", y limitar o complementar las jornadas parciales.
Por otro lado, las medidas del sindicato van orientadas a elaborar unos "presupuestos participativos" y políticas públicas desde una "perspectiva feminista" o la "reversión de los recortes" en políticas de igualdad.
En el ámbito del empleo, el sindicato aboga por fomentar políticas "en favor del empleo de calidad" y en especial en los sectores "feminizados más precarios", impulsar reducciones de jornada sin reducción salarial y destinar inversión pública para crear "empleo de calidad en sectores feminizados". En este sentido, ha reclamado la transferencia de la Inspección de Trabajo para que el Ejecutivo navarro pueda "controlar y sancionar a las empresas que incumplan la ley".
En cuanto al personal al servicio de la administración, ELA propone la adopción de medidas en los diversos sectores para "activar la negociación colectiva para superar la brecha salarial" y la aprobación de planes de igualdad "reales" que "partan de un diagnóstico completo, que se hagan con la participación de la representación de los trabajadores y que adopten medidas y contenidos suficientes".
También han abogado por medidas de conciliación en este ámbito mediante la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad "que deben ser personales e intransferibles".
Por otro lado, desde el sindicato han llamado a "reconocer y garantizar el derecho al cuidado de las personas en situación de dependencia", y han reivindicado la "reversión de los recortes habidos en los últimos años" y garantizar la gratuidad de la educación 0-3.
Finalmente, ELA ha incluido en sus propuestas las incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria que reclama un incremento de la cuantía de la Renta Garantizada así como garantizar el derecho a la vivienda. Una ILP, ha recordado Leire Txakartegi, que no ha sido admitida por el Parlamento de Navarra porque el Gobierno de Navarra "lo ha impedido".
