• miércoles, 27 de octubre de 2021
  • Actualizado 17:57

 

 
 

EDUCACIÓN

Un decano de la UNAV: “La educación privada tiene más incentivos para ofrecer un sistema de calidad y competitivo"

El decano de Económicas de la Universidad de Navarra resalta la calidad de estos centros a propósito de la nueva ley de educación que se pretende aprobar.

El decano de la faculta de Economía de la Universidad de Navarra, Ignacio Ferrero. CEDIDA
El decano de la faculta de Economía de la Universidad de Navarra, Ignacio Ferrero. CEDIDA

“La provisión de centros de titularidad privada o de iniciativa popular permite a la ciudadanía ejercer sus derechos en un aspecto tan crucial como la educación. Este argumento es suficiente para que el Estado se empeñe en facilitar y subsidiar la creación de estos centros y no lo contrario”. Es una de las conclusiones del artículo del decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, Ignacio Ferrero, en la revista “Cuadernos de Empresa y Humanismo”, y titulado “La financiación de la educación primaria y secundaria” (enero 2017).

Ferrero valora asimismo la educación pública y destaca las bondades de los centros escolares de iniciativa ciudadana, como garante del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y la contribución al bien común de toda la sociedad. Estas ideas tienen actualidad con motivo de la nueva ley de educación que se está tramitando, la denominada “ley Celaá"

El profesor Ferrero se hace eco en su artículo de toda la jurisprudencia, tanto nacional e internacional, que determina que es el Estado es el que tiene la obligación de garantizar la provisión, acceso universal y financiación de la educación, si bien el derecho de la educación recae sobre los padres, que deben poder elegir la educación según sus convicciones. “Los padres están reconocidos como la autoridad para decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos, dentro de un marco general establecido, y a la vez tienen el derecho de canalizar esas decisiones por medio de la elección de escuelas, entre las que hay o creando ellos mismos centros docentes”.

“La educación que recibe un niño no solamente le beneficia a él sino que  supone un beneficio indirecto a todo el país, ya que contribuye a consolidar una sociedad democrática y estable (...) este beneficio social es tal que justifica que el Estado exija que todos los ciudadanos reciban un mínimo de educación. Pero la justificación de un papel activo del Estado en la garantía de provisión, acceso universal y financiación de una oferta educativa, no implica también la provisión de ese servicio”, explica Fererro.

El decano de Económicas sugiere que los principios de la economía de mercado proporcionan argumentos a favor de que sean los ciudadanos o las familias los que provean esta educación: se ajustan mejor a la demanda, favorecen la competitividad y la innovación, también, la transparencia y la eficiencia de los recursos. “Es más fácil que estas escuelas se ajusten a las convicciones y necesidades de los individuos, que pueden demandar determinados métodos docentes o formación con incidencia en aspectos concretos de la cultura, ciencia, etc”, señala.

“Estos centros tienen más incentivos para ofrecer un sistema de calidad y competitivo, al ser el dinero de los propios ciudadanos el que está en juego. Los centros de titularidad ciudadana pueden mejorar la calidad de la educación. Donde no hay mercado libre ni competitividad, es difícil exigir calidad y competencia”, añade.


  • Los comentarios que falten el respeto y que no se ciñan al tema de la noticia, podrán ser eliminados.
  • Cada usuario será el único responsable de sus comentarios.
Un decano de la UNAV: “La educación privada tiene más incentivos para ofrecer un sistema de calidad y competitivo"