La economía sumergida se ha ido reduciendo en los últimos años en Navarra hasta el 10,40% en el año 2016, según las conclusiones del “Estudio sobre la estimación de la economía sumergida y diagnóstico del fraude fiscal en Navarra en el periodo 2006-2016”, cuyo avance ha conocido el Gobierno de Navarra antes de su presentación completa en la próxima sesión de la Comisión foral de Lucha contra el fraude fiscal.
El trabajo, que cifra el promedio histórico en el 13.79%, fue encargado por el Departamento de Hacienda y Política Financiera a instancias de la Comisión y ha sido elaborado por los profesores de la Universidad Pública de Navarra Pedro Pascual Arzoz, que ha ejercido de investigador principal, Antonio Gómez Gómez-Plana, y Vicente Ríos Ibáñez.
A pesar de la relevancia del problema, no es mucho lo que se sabe, en particular en Navarra, sobre la magnitud de la economía sumergida y el fraude fiscal. Existe una diversidad de metodologías para el estudio del fraude y en el trabajo realizado se utilizan cuatro metodologías diferentes.
El análisis determina que, de no existir economía sumergida, la renta media per cápita de Navarra en 2016 hubiera alcanzado los 30.158 euros, 444 euros por encima del dato real. Por su parte, el fraude fiscal habría reducido la recaudación en 541 millones de euros, por lo que cada habitante de la Comunidad Foral estaría pagando unos 848 euros de más al año en impuestos y cotizaciones de lo que le correspondería en una situación de cumplimiento fiscal.
El estudio concluye con una serie de recomendaciones en materia de educación e información, mejoras de la cuantificación de la economía sumergida y el fraude, personal dedicado a la inspección, control de transacciones económicas y diseño de impuestos.
La necesidad de este estudio está contenida en el Plan de Lucha contra el fraude Fiscal 2016-2019, que tiene como objetivo la adopción de medidas que puedan dotar de mayor efectividad a la acción administrativa contra el fraude.
Además, la Comisión de Lucha contra el Fraude creada en esta legislatura puso de manifiesto la necesidad de contar con información actualizada y contextualizada sobre la materia.
