CERMIN, Parlamento Foral y Universidad Pública de Navarra han impulsado el ‘Informe sobre adaptación de la Legislación Foral a la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad’ a fin de lograr la “plena” aplicación de este tratado internacional en la comunidad, para lo que piden una
ley de garantías de derechos.
La
investigación, publicada en formato de libro, aborda también las reformas normativas que
Navarra deberá acometer para adecuar la legislación foral al horizonte marcado por la
Convención y su principal propuesta es la conveniencia de promulgar la citada ley.
De esta amanera, dice el presidente del Parlamento,
Unai Hualde, se favorecería el conocimiento del régimen jurídico aplicable, tanto a las personas con discapacidad como al conjunto de la ciudadanía, “lo que otorgaría un claro reconocimiento de su situación, elemento fundamental para promover la sensibilización y conciencia social”, tal y como preceptúa la
Convención de la ONU.
Pero además, añade, también “favorecería la coordinación de todas las actuaciones a desarrollar por los diferentes departamentos del
Gobierno de Navarra y demás entes públicos, al actuar bajo las directrices de unos principios y objetivos comunes”.
Se trata de una iniciativa que, según la presidenta de CERMIN,
Mª Luz Sanz, llevan “muchos años” pidiendo y que debería llevarse a cabo en esta legislatura, aunque Hualde no ha querido hablar de plazos.
Por su parte,
Mikel Lizarraga, profesor e investigador de la UPNA y coordinador del informe, subraya que en las comunidades autónomas “existe una tendencia general a evolucionar de un régimen de dispersión y fragmentación de la regulación de la discapacidad, a un sistema de ley marco que establezca una serie de medidas de
igualdad de oportunidades, y fomento y defensa de los derechos de las personas con discapacidad con carácter general para todos los ámbitos”.
