Las autoridades franceses aseguran que "ETA conserva una fuerza para golpear considerable" y "relativizan" el acto de Bayona.
La Fiscalía francesa considera que, pese a la operación de entrega de armas de ETA que se llevó a cabo el pasado 8 de abril cerca de la frontera con España, "faltan todavía un centenar", de acuerdo con el registro que se tenía de sus arsenales.
La cifra la dio este miércoles la fiscal de la sala del Tribunal Correccional de París en la que fueron juzgados seis etarras que habían sido arrestados el 7 de mayo de 2013 en una operación simultánea en Blois (centro), Montpellier (sur) y Brive la Gaillarde (oeste).
"ETA conserva una fuerza para golpear considerable", subrayó la representante del Ministerio Público, tras puntualizar que "hay que relativizar" la entrega de armas del 8 de abril a las autoridades francesas en los Pirineos Atlánticos.
Ese día, la organización terrorista señaló a la justicia la ubicación de ocho zulos, todos ellos ubicados en ese departamento, y que contenían 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivos y varios miles de municiones y detonadores.
El grueso de las armas de fuego que se han requisado a ETA en los últimos años proceden del robo que perpetró un comando de la banda en octubre de 2006 en una empresa de la localidad francesa de Vauvert (este), en el que se hizo con 338 pistolas.
La fiscal, en su requisitoria, insistió en que en el pasado ETA había decretado "treguas tácticas" que le habían servido para aprovisionarse.
También en que, aunque ahora lleve ya más de ocho años sin cometer atentados (el último muerto que se le atribuye es un policía francés durante un robo de coches en marzo de 2010) y en que desde 2011 anunció el abandono definitivo de la lucha armada, "la historia nos ha enseñado a ser prudentes".
"ETA -advirtió- está dormida. Puede despertar en cualquier momento y golpear en cualquier momento".
También hizo hincapié en que "no es sólo un problema español", sino que también ha utilizado Francia como retaguardia y ha cometido allí asesinatos.
La fiscal pidió ocho años de cárcel para dos de los encausados (Raúl Aduna Vallinas y Julen Mendizábal Elezkano) y siete para los cuatro restantes (Ekhine Eizaguirre Zubiaurre, Kepa Arkauz Zubillaga, Igor Uriarte López de Vicuña y Andoni Goicoechea Gabirondo).
