TERRORISMO

Denuncian la cesión del patio de un colegio público para celebrar un acto que pedía la excarcelación de dos etarras

Covite pedirá explicaciones al Gobierno vasco sobre la celebración de este acto de la plataforma a favor de los presos etarras Sare.

Los hechos sucedieron en el patio de un instituto de secundaria en Pamplona el pasado 10 de febrero. ARCHIVO
Los hechos sucedieron en el patio de un instituto de secundaria en Pamplona el pasado 10 de febrero. ARCHIVO

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) va a pedir explicaciones al Gobierno vasco por la celebración el pasado sábado 30 de septiembre de un acto de la plataforma a favor de los presos de ETA Sare en las instalaciones de un colegio público de Rentería.

Durante el acto, según informaron los organizadores, se pidió la puesta en libertad de dos terroristas de ETA: Aitzol Gogorza, condenado en 2006 a más de 20 años de cárcel por el intento de asesinato en 1997 del funcionario de prisiones Juan José Baeza, que recibió un tiro en el cuello, y tenencia de armas y Mikel Arrieta, condenado a 35 años por el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Baracaldo José Aibar Yáñez el 30 de junio de 1982. 

Mediante una carta Covite va a instar a la consejera de Educación del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, a pronunciarse sobre el hecho de que el acto a favor de dos condenados por terrorismo se celebrara en el patio del colegio público Koldo Mitxelena de Rentería. Desde el Colectivo consideran “intolerable que instalaciones de un centro escolar se pongan al servicio de reivindicaciones estrictamente políticas que, además, son falsas”.

“En España no existen personas gravemente enfermas en cárceles y los únicos derechos humanos que se han conculcado son los de las víctimas”, han afirmado fuentes del Colectivo. 

Covite ha lamentado que “espacios escolares que deberían ser escenario de actividades exclusivamente educativas se pongan al servicio de plataformas como Sare, que lo único que pide es la impunidad y que terroristas de ETA no paguen por los gravísimos delitos por los que están condenados, lo que supone un ataque directo al derecho de las víctimas a la justicia”.

Para el Colectivo, lo ocurrido es un ejemplo más de que “la radicalización violenta gana espacios públicos en el País Vasco gracias a la complicidad de las instituciones públicas”. 


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