Los trabajadores piden cobrar lo mismo que otros empleados del mismo grupo, mientras la compañía defiende que los centros rurales son deficitarios.
La Comisión de Políticas Sociales del Parlamento de Navarra ha visitado este viernes la residencia del grupo Amavir en Betelu, un centro geriátrico de titularidad mixta, con un tercio municipal, y gestión privada, que en estos momentos atiende a 41 residentes, cuatro por debajo de su capacidad total.
El objeto de la visita por parte del Parlamento foral ha sido conocer las instalaciones y mantener una reunión con la dirección del centro, el Ayuntamiento de Betelu y la interlocución laboral.
La plantilla de la residencia de Betelu, al igual que la del centro de Erro, ha denunciado la "falta de equidad salarial respecto a las residencias que el grupo tiene en Pamplona, concretamente en Argaray, Mutilva y Oblatas".
Las parlamentarias que han asistido han sido Carmen Segura (UPN), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (Bildu), Fanny Carrillo (Podemos) y Conchi Ruiz (PSN).
La delegación ha sido recibida en el Ayuntamiento por el alcalde Mikel Rekalde; el concejal Teodoro Otamendi; la directora de la residencia, Pilar Huerta; la directora general adjunta de Amavir Lourdes Rivero; el abogado del grupo, Manuel Piquer; el responsable de Recursos Humanos, Carlos Galve; el director de comunicación, Roberto Rodríguez; la delegada de personal, Nerea Navarro; y Gaizka Huarte como representante de zona del sindicato LAB.
La directora Lourdes Rivero ha comenzado subrayando que, pese a la conflictividad laboral, “la calidad del servicio percibida por residentes y familiares es buena”, impresión ratificada por el alcalde del municipio, para quien “el sentir general es que el centro funciona y que la atención está garantizada”.
En cuanto a las reivindicaciones laborales, centradas en la equiparación de las condiciones laborales, Rivero y el responsable de Recursos Humanos han señalado que la aplicación del convenio estatal decidida en 2013 “no respondió a un deseo expreso de la empresa, sino a la imposibilidad de llegar a un acuerdo intermedio que, si bien no suponía la equiparación plena, mejoraba ostensiblemente el convenio estatal".
"No hubo manera. La representación sindical optó por la vía judicial y, a día de hoy, nos han dado la razón en cuatro instancias diferentes”, han afirmado la directora y el encargado de Recursos Humanos.
El alcalde Mikel Rekalde, por su parte, ha asegurado que el Ayuntamiento “se implicó y empujó para alcanzar un acuerdo. Se contemplaba incluso una cláusula de revisión por la que si la empresa entraba en beneficios la mitad, se destinaría a los trabajadores".
El primer edil ha considerado que esta residencia sólo es viable si está ocupada al 100% y ha precisado que comenzó con 5 camas concertadas y ahora hay 25. "Alguien se tiene que ocupar de llenar las residencias rurales para que sean factibles", ha añadido Rekalde.
En ese contexto, Manuel Piquer, como responsable de Recursos Humanos, ha manifestado que, sin entrar en el debate sobre el modelo de concertación y gestión más apropiado para los los servicios públicos, resulta evidente que “las residencias rurales se mueven en parámetros alejados de la rentabilidad".
Ha defendido Piquer que en 2013 este centro arrojó 270.000 euros de pérdidas, mientras que en 2017, ya sujetos al convenio estatal y tras una aportación financiera del nuevo socio, la brecha se ha reducido a 59.000. "Vamos hacia el equilibrio económico, de otro modo, no olvidemos que esto es una sociedad anónima independiente participada por el Ayuntamiento, no hay porvenir”, ha zanjado.
LA RECLAMACIÓN DE LOS EMPLEADOS
Con los representantes de los trabajadores incorporados a la reunión, Nerea Navarro y Gaizka Huarte, han reiterado los argumentos expuestos en sede parlamentaria y, a ese respecto, han solicitado una equiparación salarial en relación a los centros de Pamplona.
“Hemos perdido un juicio hace un año, pero seguimos creyendo en la justicia de nuestra reivindicación. Trabajamos cien horas más y ganamos un 13% menos, lo cual viene a ser del orden de 4.500 euros anuales, en sueldos que no llegan a 1.000. La empresa se está lucrando de la aplicación del convenio estatal”, han asegurado los representantes de los trabajadores.
La parlamentaria Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu) ha dejado patente que “nada justifica que la empresa traslade de esa manera las pérdidas a las condiciones laborales y menos tratándose de un grupo con un volumen de negocio importante".
Desde Podemos, Fanny Carrillo ha denunciado la política de “quitar pérdidas a cargo de los trabajadores. No es correcto, lo he vivido en carne propia. Y si la atención es buena, es debido a la responsabilidad de los trabajadores”.
Por su parte, Isabel Aranburu (Geroa Bai) se ha desmarcado también del modelo de gestión de los servicios sociales, donde “se impone descartar el ánimo de lucro, pues conduce a situaciones como ésta. La parlamentaria de Geroa Bai culpa a UPN por la aprobación de un Plan Gerontológico, que considera que "no reparó en la viabilidad del sistema, pues aunque las grandes residencias dan beneficios, las pequeñas no".
Carmen Segura (UPN) ha defendido el actual modelo, pues “lo implantamos nosotros y no estamos en contra”, si bien ha emplazado al Gobierno de Navarra a “elaborar el Convenio sectorial que venía anunciando". "Es tan sencillo como recoger y oficializar las condiciones que aquí se defienden”, ha solicitado la regionalista.
Para Conchi Ruiz (PSN), desde la premisa de que “los trabajadores no pueden perder, el remedio pasa por la elaboración de un Convenio Foral de Servicios Sociales, que es algo a lo que el Gobierno de Navarra debería dar salida sin demora. Sería de aplicación obligatoria, evitaría el descuelgue y homologaría las condiciones laborales. En la medida de lo posible, llenar el centro parece también ineludible”.
