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SOCIEDAD

Las cifras del Defensor del Pueblo en Navarra: 700.000€ de presupuesto y más de 1.000 consultas

El informe de fiscalización, emitido por la Cámara de Comptos dice que la institución se rige respetando la normativa actual.

El defensor del pueblo durante una intervención en el pleno del Parlamento de Navarra CEDIDA
El defensor del pueblo durante una intervención en el pleno del Parlamento de Navarra CEDIDA

El Defensor del Pueblo de Navarra realizó en 2018 un total de 2.645 actuaciones, un 10 por ciento más que el año anterior. Gestionó 1.193 quejas y atendió 1.398 consultas. Además, emitió 401 resoluciones.

Así lo recoge la Cámara de Comptos de Navarra, que ha hecho público el informe de fiscalización sobre el Defensor del Pueblo de Navarra. El informe analiza las cuentas de la institución de 2018 y el cumplimiento de la legalidad en su actividad económico-financiera.

En la introducción del informe, la Cámara de Comptos recuerda que El Defensor del Pueblo es el alto comisionado del Parlamento de Navarra para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Su titular lo elige el Parlamento para un periodo de seis años. En la actualidad, dirige la institución Francisco Javier Enériz, nombrado por el legislativo en 2007 y en funciones desde 2013.

A efectos de contabilidad, intervención, autorización de gastos y contratación, la institución está sometida al mismo régimen que el Parlamento de Navarra. Su proyecto de presupuestos se integra en los presupuestos generales de Navarra y sus cuentas forman parte también de las cuentas generales de Navarra.

La institución del Defensor del Pueblo gastó el año pasado 700.000 euros, de los que el 73 por ciento corresponde a personal. La institución cuenta con 8 profesionales, de los que cinco son eventuales, dos funcionarios y uno contratado administrativo.

Analizadas las cuentas anuales del Defensor del Pueblo, la Cámara de Comptos dice que expresan correctamente la situación patrimonial y financiera, el estado de liquidación del presupuesto de 2018 y el resultado económico al final del ejercicio. Respecto a la legalidad, el informe indica que la actividad económico-financiera de la institución se ha desarrollado respetando la normativa vigente.


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