Entre los expedientes vinculados a Navarra, 78 de los 197 están relacionados con función y empleo público.
El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado el hecho que el Defensor del Pueblo tramitara el año pasado 25.776 expedientes, un 48,17 % más que en 2016, 197 de ellos de Navarra.
Tras entregar la Memoria 2017 de la Institución en las Cortes, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado que las "actitudes imperativas y excesivamente categóricas" de las autoridades están generando ese malestar, y ha reclamado políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis.
"La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España", ha sentenciado Fernández Marugán, quien ha explicado que los españoles han transmitido al Defensor su "insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación".
En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, la mayor parte quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
A la cabeza de las quejas se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y el carné de conducir (6.008), seguidas de las referidas a la función pública (4.417) y a los retrasos en la administración de Justicia (3.395).
Tras estos asuntos, los relacionados con Educación, Sanidad y Políticas Sociales "han consolidado" el número de quejas.
En el caso de los expedientes vinculados a Navarra, de los 197 hay 78 relacionados con función y empleo público, 24 con empleo y Seguridad Social, 22 son asuntos de Interior, 14 de educación, 10 de actividad económica, 8 con la administración de justicia, y otros 8 con servicios públicos esenciales.
Además constan en la memoria 6 expedientes sobre centros penitenciarios, seis sobre migraciones, 5 relacionados con sanidad, 4 con impuestos, 3 con la igualdad de trato, 2 con la política social, oteros 2 con urbanismo, 2 mas con cultura, 2 en estudio y 1 con el medio ambiente.
Además, el Defensor del Pueblo dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32 % con respecto al año anterior.
No obstante, Fernández Marugán ha trasladado la preocupación de los españoles por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en los derechos sociales y en las prestaciones.
"En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos y hay una serie de colectivos que se encuentran en una situación de relativa desprotección".
Y son los desempleados de larga duración que han agotado la cobertura, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo, jubilados y personas con discapacidad, ha enumerado el defensor.
Ante ello, las "políticas sociales al uso se revelaron poco poderosas y no neutralizaron el deterioro de la vida de las personas con mayores dificultades", ha censurado.
Con todo, Fernández Marugán ha apostado por "recuperar prácticas felices como la cultura del diálogo, la negociación y el pacto" porque ayudarán a resolver los problemas de desigualdad y de redistribución de las rentas.
En su opinión, en el momento actual se dan unas condiciones muy distintas a las de 2008 y han abierto una "oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales" para mejorarlas, haciendo hincapié en la renta y en el consumo de los colectivos que todavía "no han cubierto sus condiciones de necesidad".
La Institución ha advertido que las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis no solo han generado esa desigualdad, sino que ha dañado al entramado institucional y a la cohesión social. Al Defensor le "preocupa especialmente que el mantenimiento de dichas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad".
"Es un error creer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad", ha criticado Fernández Marugán.
REGISTROS DE EMPRESAS PRESTAMISTAS
A la luz de los datos aportados, el Defensor del Pueblo recomienda a las comunidades autónomas promover la creación de registros de empresas de préstamos o de intermediación para proteger a los clientes que suscriben préstamos con empresas no financieras de capital privado.
Esta recomendación llega después de la indagación que comenzó en 2015 sobre las dificultades de algunos ciudadanos para obtener los créditos necesarios para hacer frente a sus obligaciones financieras y que acuden a empresas prestamistas.
Según explica el informe anual del Defensor del Pueblo publicado este lunes, estas empresas facilitan préstamos incluso a personas inscritas en los registros de impagados, sin la necesidad de presentar nóminas ni avales, pero exigen una garantía hipotecaria.
A cambio, al capital prestado se le añaden intereses de demora, penalizaciones y gastos de ejecución, de manera que las fincas responden por un importe que puede ser de más del triple del percibido por el cliente en su día.
La ley establece para quien preste dinero con carácter profesional requisitos similares a los de la banca, sin embargo, algunos prestamistas se hacen pasar por un particular que presta a otro y, en ese caso, no tienen que cumplir ningún requisito, por lo que el consumidor se queda sin protección.
Por ello, el Defensor del Pueblo recomienda a la Secretaría de Estado de Economía estudiar la posibilidad de modificar la ley con el objetivo de definir las situaciones de estado de necesidad en el prestatario, o de sujeción a una especial protección, incluyendo a determinados colectivos de personas.
Además, insta a precisar quiénes han de considerarse personas dedicadas con carácter profesional a la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Por su parte, la Secretaría de Estado ha respondido que está trabajando en el anteproyecto de ley de crédito inmobiliario en el que se dará transparencia a la firma de una hipoteca y se profundizará en la creación de un mercado europeo de productos financieros minoristas.
El proyecto configura también un nuevo marco que regula aspectos como la compensación que una entidad de crédito puede cobrar por amortizaciones anticipadas, el derecho a convertir a moneda nacional los préstamos en moneda extranjera, o los límites a la retribución de los prestamistas e intermediarios.
Así, "el objetivo del texto en elaboración es incluir elementos adicionales que refuercen la transparencia de los contratos de crédito hipotecario" y "reforzar que el consumidor tenga pleno conocimiento de las implicaciones económicas y jurídicas que tiene el contrato que está firmando".
La norma en elaboración dará la posibilidad de usar un contrato tipo, estandarizado y con un contenido simplificado, y establecerá que el prestamista debe poner a disposición del cliente información sobre la asistencia y consecuencias de determinadas cláusulas o del contenido potencialmente difícil de entender del contrato.
También se reforzará el control notarial para comprobar que el cliente ha recibido toda la información precontractual con la antelación debida y que la comprende, y el consumidor deberá declarar de puño y letra que acepta y comprende el contenido de la ficha estandarizada y del clausulado del contrato.
