• viernes, 29 de marzo de 2024
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SOCIEDAD

Navarra recibe del Gobierno central 4,5 millones para socorrer sobre todo a las personas mayores frente al coronavirus

El Fondo Social Extraordinario está dotado con 300 millones de euros y será repartido por todas las comunidades autónomas.

Imagen de un anciano en silla de ruedas durante su estancia en un centro de día ARCHIVO
Imagen de un anciano en silla de ruedas durante su estancia en un centro de día. ARCHIVO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se distribuye el Fondo Social Extraordinario dotado con 300 millones de euros implementado por el Real Decreto-ley 8/2020, del 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Fruto de ese reparto, Navarra recibirá 4.520.984 euros (el 1,5% del total a repartir en toda España).

El Ministerio de Hacienda autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 por un importe de 300 millones, que es el que se va transferir a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad: personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales, entre otros.

Así, el Fondo Social Extraordinario financiará proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de funciones tales como: reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario; incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; trasladar cuando sea necesario al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación; reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar; adquirir medios de prevención; y ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales.

La mayor parte de estas medidas están dirigidas especialmente a los colectivos de mayor edad. En cualquier caso, el Fondo Social se puede utilizar para cualquier política que las comunidades autónomas consideren imprescindible y urgente para atender a las personas más vulnerables con motivo de crisis derivada del COVID-19.


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