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Consiguen que el Gobierno deba abonar una media de 1.000 euros adicionales a 750 agentes de Policía Foral

Decenas de personas afectadas han exigido la extensión de la sentencia ganada por ELA para uno de sus afiliados, cuyo caso el atraso salarial reconocido es de 1.139 euros.

Agentes de la Policía Foral, vigilando en el parque Sendaviva. POLICÍA FORAL
Agentes de la Policía Foral, vigilando en el parque Sendaviva. POLICÍA FORAL  

ELA ha conseguido que el Gobierno de Navarra deba abonar por atrasos salariales una media de 1.000 euros a unos 750 u 800 agentes de la Policía Foral, por una mala aplicación de la Ley Foral 15/2015 que regulaba el nuevo sistema de jornadas y retribuciones.

El propio Gobierno ha reconocido que el monto total puede ascender a 750.000 euros. Decenas de personas afectadas han exigido ya la extensión de la sentencia ganada por ELA para uno de sus afiliados, en cuyo caso el atraso salarial reconocido es de 1.139 euros.

ELA denuncia la pésima gestión del Gobierno de Navarra, ya que su inacción le llevó a no realizar el estudio de puestos de trabajo necesario para la aplicación de la ley. Ello hizo que el 28 de diciembre de 2015 aprobara una nueva ley para retrasar la entrada en vigor de la primera.

Entonces, el Gobierno hizo una interpretación de la norma por la que no aplicaba la retroactividad en las retribuciones, de tal manera que pretendió no abonar los incrementos retributivos desde el 1 de enero de 2016, sino desde el 1 de octubre de ese año.

ELA interpuso una demanda en el juzgado para que se aplicaran los incrementos desde el 1 de enero, y no desde el 1 de octubre. La demanda se ganó en primera instancia y fue inadmitido el recurso de casación del Gobierno de Navarra. Si bien fue una demanda de carácter individual, ahora puede solicitarse su extensión al resto de agentes.

ELA se ve obligada a denunciar la actitud de la consejería de Interior dirigida por María José Beaumont, que ante un caso tan claro de conculcación de derechos laborales ha obligado al sindicato a optar por la vía jurídica, con el consiguiente desgaste para las personas afectadas y los riesgos que genera una ley tan antidemocrática como la impuesta por el ex ministro Gallardón en 2012.


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