La Audiencia Provincial de Logroño ha absuelto de todos los delitos de los que eran acusadas a 2 de las 19 personas que fueron juzgadas el pasado mes de diciembre como presuntas autoras de pertenecer a un grupo criminal de venta de drogas; mientras que la mayor pena impuesta a una de ellas ha sido de 9 años de prisión, han informado fuentes judiciales a Efe este jueves.
Además, de esas 19 personas, 10 han sido absueltas de pertenecer a un grupo criminal, pena que se ha mantenido para 5; 5 han sido condenadas por un delito de tráfico se sustancias estupefacientes de las que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y 12 por un delito contra la salud pública.
La mayor pena impuesta en este caso, de 9 años de prisión y una multa de 2,5 millones de euros, ha correspondido a un acusado de un delito de tráfico se sustancias estupefacientes de las que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y al que se le ha aplicado la agravante de reincidencia.
Por este mismo delito se ha condenado a otras cuatro personas a 7 años de prisión, 7 años y 6 meses, 6 años y 1 día; y 6 años y 6 meses.
Las penas impuestas por el delito contra la salud pública oscilan entre 5 años de cárcel y 1 año y 6 meses; y por el de pertenencia a un grupo criminal de vender drogas, entre 1 año y 3 meses de prisión y 6 meses.
Las multas impuestas a los 17 condenados varían entre los 2,5 millones de euros y los 27 euros; la segunda más cuantiosa es de 2,3 millones y hay 2 que superan los 200.000 euros.
El ministerio fiscal, en su escrito de acusación inicial, pidió para los procesados penas que oscilaban entre los 11 y los 3 años y medio de prisión; y multas entre los 160 euros y los 2,5 millones de euros.
En ese escrito, el fiscal indicaba que este grupo de personas realizaba actividades de fabricación, almacenaje y distribución de sustancias estupefacientes, para lo que utilizaba domicilios de las localidades riojanas de Lardero, Villamediana de Iregua, Albelda de Iregua y Ausejo; en las navarras de Mendavia y Estella y en la alavesa de Labraza.
Añadía que también operaron en otro domicilio de Logroño y Cenicero y que disponían de infraestructura en localidades de Cantabria y Vizcaya, donde se realizaron registros durante la investigación.
