CCOO y UGT se han concentrado este martes contra los 8 años y tres meses que pide el fiscal para cada sindicato.
Este martes 9 de febrero comienza en los Juzgados de Getafe (Madrid), el juicio contra los 8 sindicalistas de Airbus, para los que el fiscal solicita 66 años de cárcel -8 años y tres meses para cada uno-, por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010, contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero que abarató el despido, extendió la temporalidad e impulsó otros recortes sociales.
Para apoyar a los 8 encausados y defender el derecho a la huelga, CCOO y UGT se han concentrado este martes por la mañana en Pamplona en una acción de protesta que se ha repetido de manera simultánea en las principales capitales del país. En declaraciones a los medios, el secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha destacado que “hoy nos movilizamos para mostrar nuestra solidaridad no sólo con los 8 sindicalistas de Airbus, sino también con los más de 300 encausados por ejercer el derecho a huelga”.
En opinión de Villar, “hoy, para vergüenza de la democracia española, sientan en el banquillo al derecho a la huelga. La actuación del Ministerio Fiscal constituye un atropello a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución con el único fin de amedrentar al movimiento sindical”. El responsable sindical ha denunciado que “si el derecho de huelga se cuestiona y se incrementa el poder coercitivo del Estado para atajar el conflicto social, la democracia estará en peligro”.
No son 8, somos miles. Concentración en Pamplona. #huelganoesdelito pic.twitter.com/JkaE43lyNr
— Cecilio Aperte (@CecilioAperte) febrero 9, 2016
COMUNICADO DE LOS SINDICATOS
Al final de la concentración representantes de ambos sindicatos han leído el siguiente comunicado:
“El ejercicio del derecho de huelga, cuya consideración como derecho fundamental no podemos obviar, ha sido y es ejemplarmente democrático y pacífico durante las más de tres décadas donde se ha llevado a efectos en múltiples ocasiones bajo la forma de huelgas generales, sectoriales o de empresa.
El reconocimiento de este derecho de los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus intereses no es exclusivo de nuestro ordenamiento jurídico. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo incluye expresamente; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas lo garantiza y así múltiples Tratados y Pactos internacionales reconocen el derecho a la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones.
Desde la proclamación de la Constitución Española hemos atravesado ya tres crisis económicas y duros procesos de reconversión industrial y el ejercicio de dicho derecho se ha caracterizado por un uso responsable y sin que se hayan derivado actuaciones penales precisamente frente a los que ejercen dicho derecho.
La utilización del artículo 315.3 del Código Penal resulta injustificada y desproporcionada, situando el derecho de huelga en el siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido. La participación en piquetes informativos es un derecho reconocido en nuestra legislación: no es un delito y la mera identificación de los trabajadores que en él participen no puede suponer el riesgo de imputación de un delito castigado con penas de prisión. Más de 300 personas han sido encausadas. En numerosos de los casos juzgados solamente se identifica a las personas porque se identificaron motu propio como en el caso de Airbus.
Hoy los ocho sindicalistas de AIRBUS que están encausados, se enfrentan a un juicio penal como si de delincuentes se tratase, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y por el ejercicio de huelga, pidiendo para cada uno de ellos penas de prisión de 8 años y tres meses.
Por ello, Desde UGT Y CCOO de Navarra:
MANIFESTAMOS nuestro apoyo a los ocho sindicalistas de AIRBUS en la confianza de su honradez, reconociendo su larga labor a lo largo de los años, la cual ha reportado beneficios para la empresa y para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
NOS COMPROMETEMOS a utilizar todos los medios a nuestro alcance para seguir defendiendo el derecho de huelga y el resto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas.
Al mismo tiempo INSTAMOS al Gobierno de España a:
Promover la retirada de todos los cargos contra las personas y sindicalistas que, como en este caso, sean juzgados por este artículo.
Adoptar cuantas iniciativas legislativas sean necesarias a fin de corregir esta situación, entre ellas la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, en defensa de la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho.”
