La ANADP es un organismo autónomo adscrito al Departamento de Derechos Sociales cuya misión es "impulsar la autonomía de las personas mayores y con discapacidad".
La Cámara de Comptos ha remitido al Parlamento de Navarra un informe, solicitado a instancias del PSN, sobre los contratos de asistencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), en el que afirma que estos contratos se han tramitado "conforme a la normativa vigente" si bien recomienda "reforzar el control para garantizar que las empresas cumplen con el personal exigido en los pliegos".
El informe explica que la ANADP es un organismo autónomo adscrito al Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra cuya misión es "impulsar la autonomía de las personas mayores y con discapacidad; diseñar políticas de apoyo a las familias; y promover la atención a la infancia y adolescencia". Dicha atención se ofrece tanto en centros públicos del Gobierno de Navarra, gestionados con medios propios o a través de adjudicación con empresas o entidades gestoras, o en centros privados a los que se adjudican contratos asistenciales en esta materia.
En este sentido, Comptos ha observado un "ligero aumento" del gasto en contratos con centros para personas discapacitadas, con enfermedad mental, asistencia a menores y servicios de apoyo a las familias, que en 2016 rozó los 50 millones y en 2017 superó los 52 millones si se tienen en cuenta los 6,5 millones de 2017 imputados al ejercicio siguiente.
La mayor parte del gasto corresponde siempre a la gestión de centros para personas con discapacidad (unos 30 millones), seguido de la asistencia a menores (13 millones) y la gestión de centros para personas con enfermedad mental (algo más de 5 millones).
La Cámara de Comptos ha analizado los contratos adjudicados en 2016 y 2017, llegando a la conclusión de que se han tramitado "conforme a la normativa vigente". No obstante, ha indicado que existen contratos "que han superado su vigencia y cuyo servicio sigue prestando el adjudicatario porque no se ha realizado una nueva adjudicación", y ha pedido que "se eviten estas situaciones en la medida de lo posible".
El informe ha verificado que el importe de las licitaciones cubre las estimaciones de los gastos de personal y que las nóminas revisadas cumplen con lo establecido en los convenios colectivos aplicables.
El órgano fiscalizador ha señalado que las licitaciones del Gobierno de Navarra tienen como base "una exhaustiva previsión y planificación económica en relación a las necesidades establecidas en los pliegos". Sin embargo, ha apuntado que el cálculo de los presupuestos "está muy ajustado, lo que limita el margen de maniobra en los gastos que no sean de personal" lo que "puede limitar la concurrencia efectiva de pequeñas y medianas empresas en favor de las grandes".
"De hecho actualmente todos los servicios del ámbito de discapacidad están adjudicados a una única empresa", señala el informe que recuerda que la recién aprobada Ley Foral de Contratos Públicos tiene entre sus objetivos "facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública".
REFORZAR EL CONTROL
El informe ha analizado también la supervisión y control de estos contratos, labor ejercida por el Servicio de Calidad e Inspección del Departamento de Derechos Sociales.
La conclusión es que "algunas exigencias de control previstas en los pliegos no se cumplen correctamente, como el control presencial en centros y pisos o la verificación de memorias técnicas y económicas que permitan evaluar la calidad material y de funcionamiento de los servicios contratados". Comptos destaca que la Sección de Inspección "solo cuenta con tres inspectores, lo que limita su capacidad de control".
Finalmente, la Cámara de Comptos recuerda que la Ley de Servicios Sociales "obliga a aprobar planes cuatrienales de calidad para estos servicios". El único plan corresponde a periodo 2010-2013, por lo que el informe recomienda aprobar un nuevo plan de calidad.
El órgano fiscalizador ofrece en este informe recomendaciones para mejorar la gestión de este ámbito. Se pide, en este sentido, "reforzar el control para garantizar que las empresas cumplen con el personal exigido en los pliegos".
También se sugiere aumentar los recursos del Servicio de Calidad e Inspección y promover un único convenio colectivo sectorial para la gestión de los servicios sociales. Por último, la Cámara de Comptos pide que se analice "la razonabilidad del margen limitado de los presupuestos de licitación para que no afecte a la calidad de los servicios".
