Varias organizaciones sociales firman un manifiesto reclamando que la causa se juzgue en Navarra y no en la Audiencia Nacional.
Un total de 17 organizaciones sociales de Navarra han firmado un manifiesto en el que piden la eliminación de la calificación como delito de terrorismo para la causa por la paliza contra dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua.
Asimismo, exigen que se ponga en libertad a los tres detenidos que continúan en la cárcel como medida cautelar de prisión preventiva y la devolución de la competencia del caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona.
El manifiesto ha sido presentado este miércoles en Pamplona por una representación de los agentes sociales firmantes del texto, así como familiares de los acusados. Entre los firmantes se encuentran la Coordinadora de ONGD de Navarra, la Plataforma Navarra de Salud, los colectivos integrados en la plataforma Parlamento Social, Sare Antifaxista o Ekologistak Martxa, así como entidades memorialistas y culturales.
En este texto, los colectivos muestran su "preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno al caso" y llaman a "respetar el principio de presunción de inocencia".
Consideran que a los encausados "se les ha negado el derecho al juez natural" y "las garantías procesales han quedado en entredicho". En este sentido, han remarcado que es "fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad".
Los firmantes han rechazado "la calificación de los hechos como un delito de terrorismo, las solicitudes de penas de cárcel de entre 12 y 62 años, y el mantenimiento de tres de los encausados en prisión preventiva de manera arbitraria". "La inadecuación de las calificaciones penales a los hechos, el no cumplimiento de los requisitos jurídicos necesarios para el sostenimiento de dichas imputaciones, la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva de los tipos penales, vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger", han afirmado.
Al respecto, han señalado que la calificación de los hechos como terrorismo y las peticiones de penas "generan alarma social" y "no resultan ajustadas al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos". De la misma manera, han reprochado el "perjuicio irreparable que ya se está ocasionando a los encausados y sus familias".
"Un sistema judicial que no actúa debidamente produce desamparo e inseguridad a toda la sociedad, provoca un recorte de libertades y supone un antecedente peligroso al afectar a toda la sociedad y a sus derechos civiles", han manifestado.
Por su parte, una representación de los familiares de los encausados han agradecido el "apoyo social". "La fuerza de la gente es nuestra fuerza y vuestro compromiso por la convivencia, la libertad y la justicia, nuestro compromiso", han añadido.
