El colectivo de cuidadores de Educación de atención a la diversidad han comparecido en el Parlamento de Navarra, donde han solicitado, entre otras cuestiones, adelantar la OPE de su especialidad y reducir el horario laboral.
En concreto, han relatado las consecuencias que la aprobación del Decreto-ley Foral 10/2020 conlleva para el colectivo y sobre el que consideran que el periodo transitivo de 5 años “es excesivo, habida cuenta que la última OPE se celebró en 2009”, ha citado José Paulos Vázquez, miembro del colectivo.
Han urgido a adelantar las oposiciones en su categoría “durante esta legislatura” puesto que en la actualidad más del 80 % del personal es contratado “y el funcionariado ya se encuentra próximo a la jubilación”, una cuestión “que lleva a una situación escandalosa”.
También han señalado la nomenclatura que se utiliza en el citado Decreto-ley Foral y que los denomina como técnico superior en integración social. Aunque valoran “como positivo el cambio”, han considerado que la valoración “más adecuada es la de especialista en apoyo educativo” puesto que esta es “la calificación que se recoge en el catálogo nacional”.
Ante esta situación, han anticipado que este cambio de nomenclatura “podría tener una regulación clara, para tener un óptimo desarrollo de las labores y no haya interferencias con otras profesiones”.
Por su parte, Mar García Echarren, miembro del colectivo educador, ha recordado la negociación establecida entre Educación y la representación sindical y ha denunciado que la regulación “que permite jornadas de 9 horas diarias y 43,5 semanales se sigue aplicando al personal cuidador”.
Por esta razón, ha considerado que “urge su derogación y sustitución por una normativa que esté sujeta a horario y calendario escolar” y ha pedido que el departamento de Carlos Gimeno “retome el proceso negociador a la mayor brevedad posible”, paralizado por la crisis del coronavirus.
REDUCIR LA TEMPORALIDAD
También ha recalcado la necesidad de pasar las plazas actualmente estructurales a ser de plantilla “para reducir la temporalidad, que es muy alta en este colectivo”.
Por último, ha solicitado un plan de formación continua, ya que “debido a las características del alumnado atendido, hay situaciones muy diversas” como alumnado con conductas disruptivas, problemas de visión, audición y lenguaje o alumnado con autismo, ha apuntado.
En el turno de los grupos parlamentarios, Pedro José González (NA+) ha recordado el trabajo de este colectivo “que hace una apuesta por la inclusión, que no es la integración, sino fomentar una participación activa”.
Ha preguntado cuántas de las personas contratadas actualmente “no tienen el nivel requerido para acceder a las plazas cualificadas como nivel C” en unas oposiciones “y que podrían quedarse fuera tras la entrada en vigor del decreto” y ha apuntado que “es difícil asegurar la calidad en la atención con un porcentaje de interinidad” como el que poseen en la actualidad.
Desde el PSN, Inma Jurío ha señalado que “el periodo de transitoriedad se establece para defender a personas temporales y fijas para el personal que debe acceder a la acreditación o título”, ya que “no se trata de perjudicar a los profesionales que ya están".
Por Geroa Bai, María Solana, tras apoyar sus peticiones, ha considerado que “está bien citada la categoría como aparece en el catálogo”, aunque “si supone un problema, que se cambie”. Ha reconocido que el plazo de 5 años de transitoriedad “podría ser excesivo” y ha comentado que “es importante que se apruebe la OPE y luego se haga la oposición, pero que primero se aprueben las plazas” a convocar.
Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha apuntado que “como poco, el apartado del plazo de la OPE debería quedar suprimido” en el Decreto-ley y ha instado a que se dé “una regulación clara que esté en el catálogo de cualificaciones profesionales”, ya que “técnico de apoyo a la inclusión puede ser muchas cosas” por lo que ha apostado por llamarlo “especialista, que refleja mejor la realidad”.
Por Podemos-Ahal Dugu, Ainhoa Aznárez ha defendido que “la formación continua sea una constante” para cualquier persona y ha llamado a “trabajar y valorar” la denominación de la categoría profesional de este colectivo “porque son ellos quienes están trabajando con personas con necesidades educativas especiales”. Ha instado a “no tener a trabajadores en precario ni en situaciones de temporalidad".
Desde I-E, Marisa de Simón ha recordado que la cuestión de la jornada laboral del personal cuidador “ya se defendió porque es una injusticia, ya que las labores diarias repercute en quien recibe la atención”. También ha indicado que instarán a Educación a que retome la negociación con el colectivo.
