• jueves, 28 de marzo de 2024
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SOCIEDAD

Los asuntos judiciales pendientes en Navarra caen un 13,3% y bajan de los 20.000 por primera vez en 15 años

Este verano desaparecerá el refuerzo de dos jueces en los Juzgados de lo Social, con un 12,7% menos de asuntos ingresados.

El presidente del TSJN, Joaquín Galve, presenta la memoria de la actividad de los juzgados y tribunales navarros en 2015 junto al secretario de Gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi. IÑIGO ALZUGARAY
El presidente del TSJN, Joaquín Galve, presenta la memoria de la actividad de los juzgados y tribunales navarros en 2015 junto al secretario de Gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi. IÑIGO ALZUGARAY

El número de asuntos judiciales pendientes en Navarra ha descendido un 13,3 por ciento en 2015 y se han situado por primera vez desde hace 15 años por debajo de los 20.000, en concreto, en 18.511. Entre los motivos de esta reducción, destaca la bajada experimentada en los Juzgados de lo Social, con un 41,9 por ciento de asuntos pendientes menos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, ha comparecido este martes en rueda de prensa para presentar la Memoria Judicial del año 2015 y ha destacado que los datos del informe "arrojan un balance muy esperanzador en cuanto a la cifra de asuntos pendientes, que continúa descendiendo".

En total, el pasado año los juzgados y tribunales navarros recibieron 101.428 asuntos, lo que supone una disminución del 4,3 por ciento respecto al año anterior, mientras que resolvieron 103.666 (-1,5%), unos nuevos y otros antiguos. Del total de los ingresados, 71.086 ( 70%) corresponden a la jurisdicción penal, en donde destaca sobremanera una disminución del 20,7 por ciento de los casos pendientes (5.385 en 2015 frente a 6.795 en 2014).

Galve ha indicado que "en general, los órganos judiciales navarros mantienen la tendencia ya apuntada el pasado ejercicio de cierta contención porcentual en el ingreso de causas en comparación con anualidades no tan lejanas". No obstante, ha añadido que "la litigiosidad aún es elevada y, en concreto, resulta preocupante el elevado incremento registrado en materia civil, sobre todo en los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona".

La estabilización en el ingreso en el orden civil se ha producido en un nivel muy superior a lo que era normal con anterioridad al comienzo de la crisis, según Galve, que ha señalado que el volumen de asuntos que se registraron en los referidos años sigue condicionando la pendencia, pese a lo cual los juzgados navarros han logrado reducirla al haber aumentado la tasa de resolución.

Entre las razones que han llevado a una bajada del 13,3 por ciento de los asuntos pendientes en 2015, el presidente del TSJN ha expuesto que en los Juzgados de lo Social los asuntos pendientes bajaron un 41,9 por ciento y el ingreso de asuntos cayó un 12,7 por ciento. Asimismo, en el orden penal, los Juzgados de Instrucción vieron reducido el número de asuntos ingresados un 10,4 por ciento y los pendientes, un 27,6 por ciento.

Además, ha destacado "una bajada llamativa" consecuencia de "una medida legal introducida en la ley de Enjuiciamiento Criminal por la que las denuncias penales sin autor conocido no van a los juzgados de instrucción sino que se quedan en dependencias policiales, salvo determinados casos excepcionales". Según Galve, tras esta medida "se ha detectado una bajada en el ingreso de asuntos de más del 60 por ciento en el primer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior".

SUBIDA DE PROCESOS MONITORIOS POR DEUDAS

Por otro lado, Galve ha explicado que en 2014 se frenó la tendencia a la bajada en el ingreso de asuntos iniciada en 2010 en los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona, con un ligero incremento del 3,3 por ciento. Siguiendo con esta línea ascendente, en el año 2015 el ingreso de asuntos se ha disparado un 25,4 por ciento.

Según el presidente del TSJN, "la eliminación de las tasas judiciales no explica por sí sola este aumento, máxime teniendo en cuenta que, con la excepción de Tafalla, en el resto de partidos judiciales el ingreso de asuntos civiles, no incluidos los de familia, ha descendido". Galve ha precisado que "a este hecho contribuyó que varias compañías que se dedican a la compra de créditos impagados de grandes empresas de telefonía, bancos, etc., hayan procedido a la presentación masiva de procesos monitorios, que han aumentado un 20,6 por ciento". Además, se ha producido un repunte en el ingreso de ejecuciones hipotecarias del 2,7 por ciento y se acordaron 244 lanzamientos, un 7,4 por ciento más que en el año 2014.

En el orden penal, los Juzgados de Instrucción vieron reducido el número de asuntos ingresados un 10,4 por ciento y los pendientes, un 27,6 por ciento. En los juicios rápidos competencia de estos juzgados (juicios de faltas y delitos leves de enjuiciamiento rápido e inmediato) el ingreso de asuntos bajó en un 18 y la resolución también descendió en un 18 por ciento.

La supresión de las tasas judiciales, entre otros factores, ha originado que el pasado año se produjera una subida del 21,7 por ciento en las demandas ingresadas en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. En la pasada anualidad, los casos resueltos bajaron un 7,2 por ciento y los pendientes aumentaron un 9,9 por ciento.

FIN DEL REFUERZO EN LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL

En otro orden de cosas, Galve ha señalado que "durante los años en los que la crisis económica fue más aguda una de las jurisdicciones más afectadas por sus terribles y dramáticas consecuencias fue la laboral y, en concreto, los Juzgados de lo Social". La carga de trabajo que arrastraban estos órganos judiciales motivó que en 2015 se mantuviera el refuerzo de dos jueces.

Esta medida de refuerzo de dos jueces desaparecerá este verano, por lo que, según Galve, será necesario vigilar muy estrechamente la evolución de estos juzgados. En 2015 se produjo una disminución en el ingreso de asuntos del 12,7 por ciento, la resolución aumentó en un 8,19 por ciento y los asuntos pendientes bajaron un 41,9 por ciento (2.207 a finales de 2015 frente a 3.801 en 2014), por lo que estos datos vienen a certificar la efectividad de las medidas de refuerzo.

"PREOCUPACIÓN" POR LA SITUACIÓN DE LOS JUZGADOS DE AOIZ

Galve, asimismo, ha mostrado su "preocupación" por la situación de los Juzgados de Aoiz. "Los problemas siguen sin resolverse, por lo que el análisis es el mismo que el realizado los pasados años", ha dicho, para añadir que "entre sus principales problemas se encuentra, la inadecuada configuración del ámbito territorial de su partido judicial y, como consecuencia de este, la interinidad de la mayor parte de su personal, que en la actualidad alcanza el cien por cien".

Según Galve, "en la actualidad, la plantilla interina ya tiene una cierta estabilidad, lo que ha permitido, en cierta forma, normalizar la capacidad resolutiva de los órganos judiciales, si bien el retraso en la cobertura de vacantes y el acceso en muchas ocasiones de personal sin experiencia ponen en dificultades la buena marcha de los juzgados".

En cuanto al diseño del partido judicial, Galve ha remarcado que se ha pedido "en reiteradas ocasiones la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, de modo que pasase a asumir el conocimiento de los asuntos que se tramitan en aquel partido" y, por otra parte, "se ha solicitado también que se proceda a modificar su delimitación geográfica".

Por otra parte, Galve ha insistido en la necesidad de "un Juzgado de Familia en Pamplona, un segundo Juzgado de lo Mercantil y un tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Estella".

"MAYOR DOTACIÓN PRESUPUESTARIA"

Galve también ha señalado que "uno año más, el TSJN tiene que lamentar que persiste la insuficiencia de la cantidad asignada en los Presupuestos de Navarra para la Administración de Justicia". Así, ha dicho que "a pesar de contar con un nuevo Gobierno foral, el presupuesto para Justicia se ha estancado, lo que impide atender, o demorar más de lo deseable, actuaciones de notable importancia".

En este sentido, ha pedido que "el porcentaje mínimo del total de los Presupuestos de Navarra destinado a la Administración de Justicia sea del 1 por ciento". En los dos últimos años ha sido del 0,62 por ciento, que supone 24,8 millones de euros.


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