• jueves, 28 de marzo de 2024
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SOCIEDAD

Pamplona acoge la primera jornada del XIX Ciclo de Cine contra el Terrorismo con dos proyecciones sobre ETA

Las jornadas, desarrolladas durante este fin de semana, se han celebrado en el Planetario de la capital navarra.

Cristina Cuesta y Felipe Hernández Cava. CEDIDA
Cristina Cuesta y Felipe Hernández Cava. CEDIDA

La Asociación por la Tolerancia (AT) ha celebrado este fin de semana la primera jornada de su XIX Ciclo de Cine para la Tolerancia y contra el Terrorismo en el Planetario de Pamplona, con el patrocinio de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Se proyectaron dos documentales de la Fundación Miguel Ángel Blanco (FMAB). El primero de ellos "Nacional I" trata de la primera víctima de la banda terrorista ETA que fue el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines. A continuación se proyectó "Bajada de bandera" que relata la historia de los 14 taxistas asesinados por ETA entre 1969 y 1985. 

En la charla posterior participaron Cristina Cuesta, directora de la FMAB y productora de ambos documentales, e hija de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en San Sebastián que fue asesinado en 1982 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una "delegación" de ETA, y Felipe Hernández Cava, guionista, director y narrador de los documentales, que tiene una amplia trayectoria en obras gráficas y audiovisuales sobre la memoria de las víctimas del terrorismo a través de documentales y comics.

En la charla se profundizó en las anécdotas y dificultades de la grabación de "Bajada de bandera", así como en algunas de las historias individuales de esos 14 taxistas, cuyos asesinatos se iniciaron en 1969 con Fermín Monasterio, la primera víctima civil de ETA y el primer crimen impune.

Los ponentes explicaron que ETA utilizó esto crímenes como un instrumento de control social ya que al estigmatizar a algunos taxistas como supuestos confidentes, su asesinato servía de advertencia al resto de la sociedad para que no mantuvieran ningún contacto con la Policía y la Guardia Civil, a los que pretendían aislar socialmente como apestados, consiguiendo el silencio cómplice de la mayoría de los ciudadanos del País Vasco y de Navarra.

También se defendió el derecho a conocer la verdad en esos más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, y se insistió en la obligación de explicar a las generaciones futuras el relato de lo que verdaderamente ocurrió, desgranando quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los verdugos, y no el falso relato de dos bandos que el nacionalismo quiere imponer.


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