El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal que se haya denegado a un hombre una plaza en estas residencias por razón de su edad.
UPN ha propuesto, a través de una moción parlamentaria, que en la modificación de la Cartera de Servicios Sociales que el Departamento de Derechos Sociales tiene que realizar se elimine el requisito de ser menor de 65 años para acceder a los recursos destinados a las personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, proponen poner en marcha, de forma inmediata, un programa para crear módulos de personas mayores de 65 años en las residencias de discapacidad en las que exista suficiente demanda, donde se preste a estas personas la atención adecuada a su edad y su discapacidad.
Los regionalistas quieren así que el Parlamento de Navarra inste al gobierno a adecuar la normativa para contemplar lo dispuesto en una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que ha declarado contrario al derecho denegar una plaza de residencia de discapacidad por razón de la edad.
Dicho tribunal ha estimado el recurso de amparo de un ciudadano al que, pese a tener una minusvalía psíquica reconocida del 65% y una situación de dependencia en grado 1, la Comunidad de Madrid le negó la posibilidad de ingresar en un centro especializado en atención de personas con discapacidad por su edad.
Por ser mayor de 60 años, le fue concedida una plaza en una residencia de la tercera edad, sin posibilidad de recibir un tratamiento específico para su discapacidad. La sentencia declara que se ha vulnerado el derecho del recurrente a no ser discriminado por razón de edad y discapacidad y considera que, para evitar la discriminación, la administración debía haberle proporcionado la asistencia adecuada a su situación en un centro especializado.
UPN ha explicado que “en Navarra la Ley Foral de Servicios Sociales no distingue residencias para mayores y para menores de 65 años y, en cambio, la Cartera sí lo hace”, y que debido a que la esperanza de vida de las personas con discapacidad ha aumentado y que hay más personas que superan los 65 años, “es necesario adecuar nuestra normativa a las nuevas realidades sociales, revisándola con urgencia para acompasarla con los tratados internacionales ratificados por España y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
Además, recuerdan que para conjugar el derecho de las personas a estar en una residencia que atienda sus necesidades específicas con la necesidad de adecuar la atención a la edad de las personas, “ya en su día se pensó y se incluyó en el Plan de Discapacidad realizar un proyecto piloto para crear un módulo de personas mayores de 65 años con discapacidad en la residencia Valle del Roncal”.
