• sábado, 20 de abril de 2024
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SOCIEDAD

Catalán (UPN) defiende que la eutanasia es "una apuesta por la muerte"

Ha criticado en el Senado la falta de cuidados paliativos y ha señalado que no supone "ningún avance social".

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"Todo deseo no puede convertirse en un derecho", ha esgrimido Catalán. ARCHIVO

El senador de UPN, Alberto Catalán, ha defendido este miércoles en el pleno del Senado que la ley de eutanasia es "una apuesta por la muerte y no por la vida".

Catalán, ante la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos, ha afirmado que "no se le puede hacer el trabajo sucio a la muerte y que la eutanasia no es un derecho". "El derecho es a la vida, como ampara la Constitución. Las administraciones públicas deben proteger a la persona, sus intereses y sus bienes. Tampoco supone ningún avance social como pretenden defender algunos", ha asegurado.

Para el senador regionalista, es "inadmisible que no se haya aceptado la propuesta de UPN de comparecencia de personas con discapacidad, profesionales de la medicina, de la enfermería, de la psiquiatría, de la bioética, juristas y expertos, que son los colectivos a los que la ley les va afectar de manera directa, siendo, además, los profesionales sanitarios los que han alzado su voz contra la regulación de la eutanasia".

Alberto Catalán también ha criticado las "formas" en las que se ha tramitado la proposición, "sin seguridad jurídica, sin analizar sus consecuencia y sus límites y saltándose los informes del Consejo General del Poder Judicial que hubiesen sido preceptivos de tramitarse como un proyecto de ley".

El senador regionalista, durante su intervención, ha destacado que "la eutanasia no es un derecho que se puede exigir". "Todo deseo no puede convertirse en un derecho por mucho que se empeñen algunos. El Estado, los poderes públicos, deben proteger la vida, al individuo. El derecho es a la vida. De unos casos muy concretos el legislador no puede establecer una norma generalizada", ha dicho.

El senador regionalista ha denunciado que en España la cobertura de los cuidados paliativos "solo se garantiza en el 50% de los casos y con 150.000 personas con enfermedades irreversibles, incurables y en fase terminal serian 75.000 las que no pueden morir en paz por la falta de cuidados paliativos, algo que el Gobierno debiera garantizar en lugar de regular la muerte".

Catalán ha subrayado que "la pobreza, la soledad, la tristeza, la falta de cariño, de solidaridad, de compresión, son motivos por los que muchas personas se plantean situaciones que en otras circunstancias y con alternativas ni siquiera se valorarían". "Una vez más, lo más vulnerables de la sociedad son los paganos de la situación", ha asegurado.

Para Catalán, "es una autentica vergüenza que vayamos a ser de los pocos países occidentales en liderar la eutanasia y, a la vez, a seguir estando en el vagón de cola en cuidados paliativos".

El senador también ha criticado que se tramite la propuesta cuando "llevamos enterrados a decenas de miles de personas por la pandemia del Covid-19". "Mientras ha habido una practica no reconocida de triaje, de personas con discapacidad o personas mayores y cuando estamos enterrando a nuestros muertos como no se merecen, se aprueba una ley que facilita la muerte", ha dicho.

Finalmente, Catalán ha manifestado que "al aprobar una ley que apuesta por la muerte se está contribuyendo a tener una sociedad española más insolidaria, desigual, discriminatoria, egoísta e injusta, con una visión de las personas enfermas y mayores que no tienen esperanza de mejora como algo inútil que solo genera problemas y gasto".

LEY DE "POCA CALIDAD"

Por su parte, el senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha criticado que la Ley de Eutanasia "no regula el suicidio asistido, sólo la eutanasia", y que se ha elaborado "sin participación y con prisas".

Ha recordado, además, que la ley no fija quién deberá aplicar el fármaco letal aunque ha asegurado que desde el PSOE le han trasladado que "serán las y los enfermeros quienes deban encargarse de esa tarea".

Martínez ha incidido en la importancia de "hacer una buena ley, tardando un poco más, que aprobar una regular, en menos tiempo" y ha asegurado que la ley, "tal y como está, es de poca calidad normativa y ofrece escasa seguridad jurídica".

"¿Por qué les da tanto miedo mencionar el suicidio asistido?", se ha preguntado el senador autonómico, que ha remarcado que "eutanasia y suicidio asistido son ambos ayuda para morir" y "no deberíamos haber perdido la ocasión de regular los dos". En su opinión, esta ley "se ha hecho con muchas prisas y sin deliberación" y ha responsabilizado al PSOE de "dejar pasar esta oportunidad".

Por otro lado, ha señalado que la ley "no especifica qué profesional será el responsable final", aunque ha asegurado que el PSOE le ha aclarado que "será el personal de enfermería". "Ese personal que en la ley aprobada en el Congreso era citado una única vez en todo el texto. Una cita paupérrima para un colectivo de profesionales que desde el primer momento está junto con el paciente y muchas veces mucho más cerca y de manera más continuada que el propio médico, e insultante para quienes luego van a tener la responsabilidad de ser las personas encargadas de la inyección de los fármacos que acabarán con la vida del paciente". Asimismo, ha rechazado que "se les excluye de participar en el resto del proceso de manejo de la solicitud".

Koldo Martínez se ha mostrado también crítico con la denominada Comisión de Garantía y Evaluación que crea la ley y que "será, finalmente, la que tenga la última palabra a la hora de aprobar la petición de eutanasia del paciente". "Estas Comisiones no existen en ninguna legislación despenalizadora del mundo, son de nueva creación y sustituirían a los Comités de Ética Asistencial que ya existen en todos los centros sanitarios y que funcionan bien", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que "en Holanda, con 20 años de experiencia, y sin este tipo de comités, con dos médicos analizando las solicitudes, el 50% de las mismas son rechazadas".

Para el senador autonómico "carece de sentido que la ley señale un plazo de un año para formar a los profesionales en esta materia y que, sin embargo, la nueva norma entre en vigor a los tres meses de su publicación".


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