Este nuevo modelo sustituye un sistema que "primaba antigüedad y formación" por otro en el que se valora más la presentación de "un plan de actuación proactivo".
El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles, sin acuerdo con los sindicatos, el Decreto Foral que regula el procedimiento para la provisión de jefaturas de Sección y Negociado de la Administración Foral.
El nuevo sistema, ha dicho en conferencia de prensa la consejera María José Beaumont, afecta a 1.058 plazas que se convocarán por mitades en 2017 y 2018, a razón del 50 % cada año.
Incluido en el acuerdo programático del cuatripartito, con este nuevo modelo sustituye un sistema que "primaba antigüedad y formación" por otro en el que se valora más la presentación por parte de los candidatos de "un plan de actuación proactivo" encaminado a mejorar el funcionamiento del área administrativa.
De esta forma, las futuras convocatoria para la provisión de jefaturas tendrán en cuenta los principios de mérito, capacidad, experiencia y desempeño para responsabilidades directivas, y quienes obtengan el puesto, por un periodo de seis años, deberán someterse a dos tipos de evaluación: una anual y otro cada tres años.
En concreto, la prueba de acceso a la jefatura incluirá en la valoración el plan de actuación de la unidad (48 puntos), formación y docencia (26 puntos), servicios prestados a las administraciones públicas (16 puntos) e informe psicotécnico del INAP (10 puntos).
A esta puntuación, se añadirá la valoración por conocimiento de idiomas, de conformidad con la normativa en vigor, y además el personal adscrito a la unidad podrá participar en el procedimiento con un informe de cada candidato, que será elevado al tribunal calificador.
Beaumont ha destacado que el nuevo sistema, que modifica al aprobado en 1985, comenzó a elaborarse en marzo de 2016 y en el proceso se ha contado con la participación de representantes de los trabajadores y de los departamentos del Gobierno, así como con la colaboración del grupo de trabajo técnico para la Reforma del Estatuto de la Función Pública.
Completada la tramitación del expediente, el Gobierno remitió el proyecto de Decreto en diciembre al Consejo de Navarra, que en su informe apuntó que algún artículo podría no ajustarse a la legalidad. Ello hizo que el Ejecutivo redactara un nuevo texto.
La consejera ha reconocido que esta nueva regulación no cuenta con apoyo sindical ya que UGT y CCOO se oponen a que un plan de actuación sustituya valga más que la antigüedad y la formación, ELA quiere que un estudio indique con carácter previo las necesidades de plantilla, y LAB defiende que el personal que trabaja en la sección o el negociado pueda puntuar el aspirante a jefe.
Pese a este desacuerdo, una vez aprobado el Decreto la consejera deberá aprobar también una Orden Foral que detalle y desarrolle el procedimiento y para ello ha indicado que llamara a negociar a la representación sindical.
