Cobraban sin ningún control la renta básica y se alojaban en viviendas de protección social mientras asaltaban a los navarros.
Sin ningún control. Mientras asaltaban a decenas de navarros, el Gobierno cuatripartito regaba de subvenciones a los criminales que robaban en la Comunidad foral a pesar de las advertencias policiales.
El departamento que dirige Miguel Laparra ha minimizado ahora esta situación irregular y ha llegado a decir que colaboraban con la investigación policial. Han reconocido que se hacían estos pagos de manera ilegal, pero que no se habían cortado. No ha sido hasta que se ha hecho público el fraude, cuando el Gobierno de Uxue Barkos ha reconocido que subvencionaba a los maleantes.
La organización criminal desarticulada tras cometer numerosos robos en empresas de toda la Comunidad foral recibía ayudas sociales del Gobierno de Navarra y parte de sus miembros habían estado viviendo en elasentamiento chabolista que contó con colaboración del Ayuntamiento de Pamplona hace un año.
Un total de 14 personas de nacionalidad rumana, 10 hombres y 4 mujeres, han sido detenidos. Cinco individuos han ingresado ya en prisión por orden del juez de instrucción y el resto están imputados por pertenencia a organización criminal y cometer al menos una treintena de robos con fuerza.
Según ha podido conocer este medio, parte de las personas detenidas en esta operación conjunta de la Policía Foral y la Policía Nacional son algunos de los ciudadanos rumanos que estuvieron viviendo durante la primavera de 2016 en un asentamiento chabolista situado en Lezkairu, en una parcela ubicada tras el Club de Tenis de Pamplona.
Derechos Sociales ha anunciado este viernes que ha procedido a dar de baja y suspender las prestaciones sociales que recibían una parte de los detenidos
De las 14 personas detenidas, 11 recibían prestaciones sociales y en 3 casos vivían en pisos de alquiler social.
El Gobierno de Navarra ha calificado esta situación realmente asombrosa como "fraude mínimo", a pesar de las continuas advertencias policiales. El Ejecutivo no ha cuantificado a qué cantidad asciende el fraude ni ha explicado si se va a proceder no sólo a cancelar los pagos, sino a reclamar el dinero ya abonado.
