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Baja progresivamente el número de familias que cobran la renta garantizada en Navarra

El Gobierno foral ha asegurado que en torno a 7.000 perceptores encontraron al menos un empleo en 2018.

Gema Mañú, el vicepresidente Miguel Laparra y Patxi Tuñón durante la presentación del informe periódico y anual de Renta Garantizada. GOBIERNO DE NAVARRA
Gema Mañú, el vicepresidente Miguel Laparra y Patxi Tuñón durante la presentación del informe periódico y anual de Renta Garantizada. GOBIERNO DE NAVARRA  

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha apreciado que, "por primera vez empieza a verse una tendencia significativa a la reducción" del número de personas que en Navarra se incorpora al programa de Renta Garantizada (RG), al que el pasado año se destinaron 103,5 millones de euros.

El montante total supone un incremento del 5,5 % respecto al 2017, ha señalado el consejero en conferencia de prensa, en la que ha presentado el informe periódico y anual 2018 de Renta Garantizada, que revela que las unidades familiares perceptoras se reducen un 1,7% en los últimos meses.

Los datos aportados revelan que 2018 concluyó con un total de 12.562 unidades familiares con derecho a percibir esta prestación, lo que supone 22 más respecto al pasado mes de diciembre de 2017.

Laparra ha considerado también "significativo" que, tras alcanzarse un máximo en marzo de 2018 de 12.780 unidades familiares, en los últimos nueve meses se haya producido una disminución progresiva de los que reciben mensualmente RG, del 1,7 % entre marzo y diciembre.

Es este un dato que parece consolidarse en el inicio de 2019, donde las nuevas solicitudes han bajado un 4,2 % en enero y febrero, respecto a los mismos meses del año anterior.

En todo el año 2018 han sido beneficiarias de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social un total de 36.303 personas, lo que supone un 2,22% más que en 2017. De ellas, el 52,87% fueron mujeres y el 47,13% hombres.

EL PERFIL DE LAS FAMILIAS AYUDADAS

Por grupos de edad, el grupo mayoritario (el 36,45%) eran menores (es decir, 13.233). Este porcentaje viene siendo estable a lo largo de estos años, aunque la variación interanual de 2018 presenta algo más de un punto respecto al incremento total de personas.

Las 36.303 personas beneficiarias de la RG se agrupan en un total de 16.053 familias, de las cuales, el 21,77% cuentan con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría encabezadas por mujeres (3.262 familias). Observando los tres años anteriores, se aprecia una estabilidad en estos porcentajes. El 79% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros, siendo relevante que el 44% de todas las unidades familiares que reciben la Renta Garantizada es de carácter unipersonal.

Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 65,4% del total de solicitantes), si bien se aprecia un ligero descenso respecto al año anterior (casi 2 puntos menos), pero por encima de los porcentajes de los años anteriores a 2015. Se aprecia, asimismo, un mayor porcentaje de mujeres que solicitan la prestación en nombre de la unidad familiar (el 54,9%), el porcentaje más alto desde el año 2008.

Según el Informe de Rentas Mínimas de inserción correspondiente a 2017 hecho público recientemente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Navarra ostenta la segunda posición en cuanto a cobertura de la población que recibe la prestación respecto a la población que se encuentra en riesgo de pobreza.

Frente a una media en España del 8%, en el caso de Navarra es, tras el País Vasco, la segunda comunidad con mayor tasa de cobertura, alcanzando en 2017 la cifra del 66,1%.

En Pamplona se concentra la mayor parte de las unidades familiares cubiertas (el 40,9%). Le siguen la Comarca de Pamplona con el 22,1%, el área de Tudela con el 15,8%, Estella (9,8%), Tafalla (6,1%), la zona noroeste con el 3,8% y la noreste con el 1,6%. Los datos porcentuales son prácticamente idénticos a 2017.

En cuanto a zonas básicas y unidades de barrio, destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,6% del total), la de la Milagrosa-Azpilagaña (6,5%), el Servicio Social de Base de Berriozar (5,4%), y el de Tudela (5,5%).

La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 686,14 euros al mes por unidad familiar, lo que supone un incremento medio del 3,3% respecto a 2017.

CASI 7.000 PERCEPTORES HAN ENCONTRADO TRABAJO

Un total de 6.997 personas en edad laboral que han percibido la prestación han sido contratadas a lo largo de 2018, con un total de 21.064 contratos (es decir, una media de 3,01 contratos por persona). Si se compara con el año 2016, el crecimiento en el número de personas contratadas ha sido del 24,5%.

El número de unidades familiares que ha contado con algún ingreso por trabajo ha sido, en 2018, 4.114, lo que supone un crecimiento del 90% respecto a 2016.

Las personas con prestación que fueron contratadas, representan el 30% de las personas perceptoras en edad laboral. Las personas migrantes presentan un mayor porcentaje de contratación, por encima de su porcentaje de representación en el conjunto total. Dentro de este colectivo, si además tienen la nacionalidad española, el porcentaje de personas contratadas se eleva en casi 4 puntos sobre el total de este grupo, tanto para los hombres como para las mujeres.

Se observa, además, un importante crecimiento de los expedientes en los que algún miembro de la unidad familiar trabaja (un 90% más que en 2016); también aumentan los expedientes con ingresos por otras prestaciones o pensiones, pero en este caso solo un 16,5% respecto a 2016. Todo ello hace que se haya reducido el porcentaje de unidades familiares que no cuentan con ningún tipo de ingresos al margen de la renta garantizada (51%).

Asimismo, se observa un creciente incremento de los mecanismos y estímulos aplicados para favorecer el empleo de estas personas de hasta el 47.3% respecto a 2017: suspensión temporal por incorporación al empleo, estímulos al empleo con modificación e incentivos por empleo subvencionado.

CONTROL DE LOS EXPEDIENTES

El Gobierno foral ha querido incidir como un elemento que incide directamente en las necesidades de Renta Garantizada en el nivel de cobertura y cuantías de las prestaciones por desempleo.

En 2018 siguieron reduciéndose estas prestaciones nacionales en 8,4 millones anuales en Navarra. En el periodo entre 2012 y 2015 la reducción fue de 241,3 millones de gasto anual en Navarra. Esto supone un reducción del 55,4% en dicho periodo, superior a la reducción del desempleo que ha sido de un 33,6% en ese mismo periodo.

Ante las críticas por la falta de un control, el Gobierno del cuatripartito ha remarcado el incremento del control ordinario sobre las prestaciones entre 2015 y 2018, que ha alcanzado el 72% de los expedientes, frente al 21,37% de 2015.

Se aprecia que hay un 4,41% del total de expedientes en los que se ha dado algún tipo de incumplimiento de la normativa, lo que supone un crecimiento de 1,28 puntos porcentuales en 2018, fruto, precisamente, del incremento de los mecanismos de control y seguimiento.


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