La Guardia Civil sostiene que seis integrantes de la cúpula de ETA ordenaron el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), en el que murió un hombre y una niña de 6 años, el 4 de agosto de 2002, y apunta a que pudo ser en respuesta al proceso de ilegalización de Batasuna.
Estas son las principales conclusiones del informe de 312 folios, al que ha tenido acceso Efe, y que la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que en julio acordó citar como investigados a estos seis exdirigentes etarras tras admitir a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia.
Los seis -Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi, Jon, Jokin y Fede; Ainhoa Mugica Goñi, Olga; Félix Ignacio Esparza Luri; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias Ramontxo o Txango;Soledad Iparragirre, Marisol o Anboto, y Mikel Albisu, Mikel Antza- prestarán declaración este lunes por videoconferencia ante el juez por estos hechos.
La Guardia Civil ha elaborado este informe tras el análisis de todo tipo de documentación, como actas de detención, documentos internos intervenidos a miembros de ETA, sentencias judiciales o declaraciones prestadas por miembros de la banda terrorista.
Los autores materiales del atentado de Santa Pola, en el que ETA mató a Cecilio Gallego y a la niña Silvia Martínez, fueron Óscar Celarain y Andoni Otegi, condenados en 2012.
El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado en el que advertía que las sedes de la Guardia Civil seguían siendo “objetivos “militares” y reiteraba el aviso de que “no metiese a sus familias en los cuarteles".
Criticaba además el proceso de ilegalización de Batasuna, que según la organización terrorista había sido puesto en marcha "por PP y PSOE tras el atentado contra el acuartelamiento de Santa Pola”, cuando en realidad ese proceso "ya se encontraba en marcha", observa el informe.
De hecho, la Guardia Civil considera "bastante probable" que fuese "todo lo contrario", que el atentado hubiese sido decidido por la dirección de ETA "como medida de presión para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos".
Sobre la jerarquía etarra, el informe recuerda que los comandos son "el último eslabón de la cadena", y es el Comité Ejecutivo el encargado "de que todo funcione y esté dispuesto para poder materializar su actividad terrorista".
En las fechas en las que se produjo el atentado integraban el Comité Ejecutivo esos seis exdirigentes etarras. Albisu y Anboto como responsables del aparato político, Olarra y Múgica del aparato militar, Esparza Luri del aparato logístico y Sagarzazu del internacional.
Como responsables del aparato militar, Olarra y Mugica Goñi, ejercían el control del comando Argala, y el informe aporta evidencias de ello extraídas de notas de autocrítica atribuidas a ambos.
En cuanto a Albisu y a Anboto, la Guardia Civil entiende que como responsables del “aparato político” de ETA, "estructura encargada de diseñar de estrategia política y militar que en cada momento tenía que llevar a cabo la banda terrorista", "habrían participado en la toma de decisión y en la impartición de las órdenes necesarias para la facilitación de los medios utilizados por el comando Argala (explosivos y vehículo utilizado como coche-bomba) para materializar el atentado" de Santa Pola.
Lo mismo dice el informe con respecto a los otros dos exdirigentes etarras imputados por este atentado.
Con este son tres los procedimientos impulsados por Dignidad y Justicia en los que se ha imputado recientemente a un total de ocho exdirigentes de la banda terrorista. Los otros dos son por los asesinatos de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Algunos nombres de los investigados se repiten, como los de Mikel Antza y Anboto.
