La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha criticado los encarecimientos que se están aplicando en muchos contratos de la luz y que "pueden suponer en un año hasta 200 euros". Subidas en el precio que "suelen darse una vez transcurrido el primer año de contrato y que muchos clientes reparan en ellas tiempo después".
La mayor parte de los contratos de luz y gas suelen ser de un año de duración prorrogable, si ninguna de las partes comunica lo contrario. "Lo que suele suceder es que, cuando se va a cumplir el primer año, y dentro del plazo marcado en el contrato -generalmente, 15 días o un mes-, la comercializadora sube los precios. En ocasiones, envía una carta para comunicarlo, aunque no siempre es así", ha explicado en un comunicado la citada organización.
Irache ha destacado que, en ocasiones, los aumentos de precio en este sentido son notables, ya que el precio del kilovatio hora puede cambiar de 0,13 euros a 0,19 euros, por ejemplo.
La asociación ha indicado que, en muchas de las cartas informativas, "solo se informa de las nuevas condiciones, pero no se explica al consumidor que puede rescindir el contrato sin penalización alguna", lo que "hace que muchas personas no se paren a pensar en el encarecimiento que suponen las nuevas condiciones y en la posibilidad de cambiar de compañía".
"Si el cliente no comunica la rescisión de su contrato, se entiende que acepta los nuevos precios y condiciones, que se le aplicarán en cuanto se cumpla el plazo anunciado, como reflejan las condiciones generales de algunos contratos", ha explicado.
Irache ha subrayado que estas modificaciones no solo suponen una subida del precio de la energía o de la potencia, sino que, a veces, en el nuevo contrato se añaden productos vinculados que antes no había y que, en alguna ocasión de forma conjunta, "puede suponer pagar 200 euros más al año".
DEJAR LA COMPAÑÍA
En estos casos, la única opción que tiene el consumidor es dejar la compañía, contratar con otra del mercado libre o, si lo prefiere, volver a solicitar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. En este caso, la asociación ha criticado que, cuando el usuario lo comunica, "en ocasiones le ponen dificultades" o "le adviertan de que tiene que hacer frente a una penalización, aunque no debería ser así".
Al respecto, Irache ha resaltado que, para cobrar una penalización, que suele rondar generalmente los 90 euros, "esta ha debido ser aceptada expresamente por el consumidor al contratar" y "debería ser proporcional al tiempo de permanencia pactado que quede por cumplir". Pero si el consumidor quiere irse debido a un cambio en las condiciones, "no deben aplicarle penalización alguna", ha apuntado.
Las condiciones generales de algunos contratos de luz o gas hablan de una penalización y de la devolución de todos los descuentos ya aplicados durante la vigencia del contrato. Lo que, para Irache, supone "una doble penalización de una legalidad muy discutible".
Otras dificultades que ponen las empresas en estos casos es "pedir mucha documentación, no siempre necesaria", para poder tramitar el paso a la tarifa pública, advierte la entidad.
MÁS LLAMADAS TELEFÓNICAS
Por otro lado, la asociación de consumidores ha resaltado que, tras aprobarse la prohibición de realizar contratos de luz y gas puerta a puerta, "se han multiplicado las llamadas telefónicas para ofrecer contratos de luz y gas". Un forma de comercialización que "tampoco destaca por su transparencia", ha opinado.
En estos contextos, "aunque en principio se debería facilitar la confirmación del contrato en un soporte duradero y en un plazo razonable, no suele ser así", han denunciado desde Irache.
