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Armonizar las legislaciones penales en la UE permitiría luchar mejor contra el crimen organizado

Ignacio Alli se doctora en Derecho en la UPNA con una tesis que aboga por crear personal europeo especializado para combatir esta delincuencia.

Imagen de la biblioteca de la UPNA.
Imagen de la biblioteca de la UPNA.  

El pamplonés Ignacio Alli Turrillas, licenciado en Derecho, propone en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), una armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en materia penal, procesal y penitenciaria para luchar mejor contra el crimen organizado, así como crear personal europeo especializado para combatir este tipo de delincuencia. Al mismo tiempo, plantea medidas preventivas como la lucha contra “la complicidad pasiva” de la ciudadanía, que tolera determinados delitos o consume los productos obtenidos por medios ilícitos. “Jamás se vencerá a la delincuencia organizada solamente desde el plano de la represión, por más esfuerzos que se dediquen. Se combatirá de forma más eficiente mediante la educación de la ciudadanía”, apunta el autor.

Alli decidió estudiar la prevención y la represión de la delincuencia grave y organizada en la UE tras comprobar “la creciente importancia de esta materia en las agendas europeas”. “La situación ha variado considerablemente en los últimos años, pues la necesidad de protegerse contra la criminalidad organizada en cualquiera de sus formas ha hecho que los Estados miembros de la UE perciban el riesgo y la necesidad de colaborar tanto en el plano interregional como en el internacional, y lo que inicialmente pareciera una materia poco desarrollada ocupa, en la actualidad, un hueco capital en la actividad de la UE”, aclara el nuevo doctor, cuya tesis doctoral ha sido dirigida por el catedrático José Antonio Corriente Córdoba.

MAYOR FACILIDAD PARA DELINQUIR

Pese a la dispersión de fuentes, la principal dificultad de este estudio, la tesis analiza “la reacción y el tratamiento europeos frente a la delincuencia organizada desde sus inicios, en un marco de cooperación, hasta la actualidad, en otro de progresiva integración”. “El paso de la Europa de las fronteras a la de la libertad de movimientos, así como la absoluta modernización de los mercados y de los medios de transporte, ha traído consigo una facilidad mayor para delinquir. Afrontar esta situación es un auténtico reto para la UE”, señala Alli.

A pesar del “relativo desentendimiento ciudadano” por este tema, tal como reflejan los estudios de opinión, Bruselas dio, a partir de 2009, un nuevo impulso al combate contra el crimen organizado mediante la adopción de distintas medidas normativas. A ello se suma que la estructura organizativa de la UE para la lucha contra él es “compleja y abarca a un número considerable de actores”. “Además de las instituciones de la UE, como la Comisión, el Consejo y, cada vez más, el Parlamento Europeo, en esta lucha están actuando las agencias encargadas directamente de esta materia, caso de EUROPOL —policía—, EUROJUST —justicia—, CEPOL —Escuela Europea de Policía—, FRONTEX —fronteras— o la futura Oficina del Fiscal Público Europeo. También colaboran otras agencias comunitarias como Eurostat —estadística—, agencias externas, de ámbitos académicos y de la vida social. No obstante, falta todavía que se den muchos pasos hacia la coordinación y la integración”, lamenta Alli, cuya tesis ha obtenido la calificación de sobresaliente “cum laude”.

RECUPERAR LA ÉTICA PÚBLICA

Desde el punto de vista de la prevención, el nuevo doctor propugna una lucha contra “la complicidad pasiva, entendida como la despreocupación por el fenómeno de la delincuencia organizada”. “Muchos de los ‘productos’ de las acciones delictivas del crimen organizado son directamente ofrecidos a los ciudadanos de la UE, quienes, en el mejor de los casos, aceptan, compran y pagan y, a veces, colaboran directa y conscientemente con estos grupos. Por ejemplo —enumera Alli—, la prostitución, los empleados de empresas privadas o los funcionarios públicos que se dejan corromper, quienes adquieren bienes falsificados y quienes consumen drogas”.

“Jamás se vencerá a la delincuencia organizada únicamente desde el plano de la represión, por más esfuerzos que se dediquen. Se combatirá de forma más eficiente mediante la educación de los ciudadanos. Por ello, es necesario aumentar la educación en ética pública: volver a mostrar a la sociedad lo que es correcto y lo que no y lo que es un delito o está vinculado a él”, indica.

El autor de la tesis aboga, además, por que la Oficina del Fiscal Público Europeo, EUROJUST y EUROPOL tengan “un grado de autonomía competencial, lo que implica una tipificación penal única y concordada y todo un sistema jurisdiccional penal europeo en torno a delitos graves, mediante la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia penal, procesal y penitenciaria, y acaso de las relativas a la responsabilidad civil, consecuente a los delitos”.

Ignacio Alli propone asimismo crear personal europeo para la lucha contra la delincuencia organizada (policial, fiscal, aduanero y judicial), que “proceda, bien por completo o bien en parte, de cuerpos nacionales”; y fundir las estrategias de seguridad interior y de seguridad exterior en una única bajo el nombre de Estrategia Europea de Seguridad.

También plantea luchar contra los medios económicos de los grupos de delincuencia organizada (movimiento y blanqueo de capitales) y contra sus herramientas cibernéticas e impulsar, de forma “firme y decidida”, la acción exterior de la UE. “Sólo un modelo de riqueza distributiva logrará reducir la presión sobre el territorio de la UE, pues muchos de los delitos causados por el crimen organizado surgen de problemas sociales en terceros Estados”, concluye.

BREVE CURRÍCULUM

Ignacio Alli Turrillas se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra. Posteriormente, cursó el Máster en Derecho de la UE y el posgrado de Experto Universitario en Derecho Ambiental (ambos en la UNED). El próximo agosto, tiene previsto concluir el Máster en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido).

Funcionario del Gobierno de Navarra desde 1999, Alli ha sido profesor asociado en la Universidad Pública de Navarra durante ocho cursos en diferentes áreas (Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional e Historia del Derecho).


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