El incremento masivo del teletrabajo a raíz de la alerta sanitaria provocada por el covid-19 durante el periodo de confinamiento ha puesto de manifiesto sus virtudes pero también ha mostrado aspectos desfavorables para las personas que lo han desarrollado, por lo que la UGT ha puesto en marcha una campaña informativa para impulsar la implantación de esta forma de organización del trabajo con criterios de dignidad e igualdad de derechos con el trabajo presencial, mediante su regulación y control a través de los convenios colectivos.
De acuerdo con los datos de una encuesta realizada por Eurofound, durante el pasado mes de abril, la proporción de personas empleadas que ha comenzado a teletrabajar en España ha alcanzado el 30,2%, un cifra que duplica la de antes del confinamiento que se situaba en el 15,4%, cifra que todavía está por debajo de la media europea (cerca del 40%) y muy lejos de los países nórdicos (60%).
Esta extensión del teletrabajo ha mostrado ventajas tanto para los trabajadores como para las empresas: mejora la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, aumento de la motivación de los trabajadores, disminución del absentismo, reducción de los desplazamientos al trabajo y la contaminación, disminución de los costes de infraestructura empresarial, mejora de la flexibilidad de la empresa, aumento de la productividad e incentivo para la reinserción laboral de trabajadores con capacidad disminuida.
Pero junto a todas estas ventajas, también se han evidenciado problemas, en algunos casos auténticos abusos, relacionados con la intromisión del ámbito profesional en la vida privada, traslado de costes de la actividad al trabajador y, sobre todo, alargamientos de la jornada de trabajo hasta extremos insoportables.
Por todo ello, la UGT considera imprescindible dotar al teletrabajo de un marco legal que contemple, entre otras cuestiones, la necesidad de que la aplicación de esta forma de de la actividad profesional se acuerde con la representación de las personas trabajadoras y que se garantice la igualdad real entre quienes teletrabajan y quienes trabajan de forma presencial, sin pérdida alguna de derechos laborales y condiciones económicas.
En este sentido, el sindicato apuesta por una regulación legal más precisa de cuestiones como el tiempo de trabajo y la jornada laboral; el lugar donde se desarrolla el teletrabajo; la dotación de los medios necesarios por parte de la empresa; la compensación de gastos; la protección de la salud, con especial atención a los riesgos psicosociales asociados al aislamiento, el alargamiento de la jornada o el desarraigo; las garantías de los derechos colectivos; la desconexión digital y el registro de jornada; la perspectiva de género, ya que puede ser un arma de doble filo para mujeres con cargas familiares, y el desarrollo profesional, la promoción y el acceso a la formación en igualdad de condiciones con el resto de la plantilla.
Así mismo, la UGT plantea la necesidad de que, más allá de la regulación normativa, los convenios colectivos rellenen el vacío legal que en este momento existe sobre el teletrabajo, concretando aspectos como la regulación de los acuerdos individuales de teletrabajo, el procedimiento de acceso y la reversión, así como la duración de la prestación, que el sindicato considera que nunca debería ser inferior a un año.
En definitiva, se trata de regular esta nueva forma de trabajar, que cada vez va cobrar mayor presencia en el seno de las empresas, evitando que se convierta en otro elemento más de precarización del mercado de trabajo.
