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Ollo dice que la sentencia del TC que anula la ley que equiparaba a policías y terroristas "dificulta el trabajo"

Ha defendido la elaboración de una nueva norma, que se apruebe con el mayor consenso posible. 

Ana Ollo en una de las reuniones semanales del Gobierno de Navarra. IÑIGO ALZUGARAY
Ana Ollo en una de las reuniones semanales del Gobierno de Navarra. IÑIGO ALZUGARAY  

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha manifestado este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula gran parte de la ley foral que trataba de equiparar a policías con terroristas, con la excusa de reparar y reconocer a víctimas de grupos de "extrema derecha o funcionarios públicos", "dificulta el trabajo pero no impide seguir avanzando en el reconocimiento y reparación de personas que sufrieron vulneraciones graves de derechos humanos durante el franquismo como durante la democracia".

Ollo ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, para valorar la decisión del Tribunal Constitucional de anular gran parte de esta ley, y ha defendido la elaboración de una nueva norma sobre este asunto en la Cámara foral. "Deseamos que se apruebe la ley y si fuera por todas las formaciones políticas sería lo mejor", ha indicado.

En su intervención, la consejera ha explicado que el Gobierno foral "intentó negociar con el Gobierno central para evitar el recurso de inconstitucionalidad aunque la respuesta del Estado fue interponer el recurso, y lo hicimos con la mirada puesta en las víctimas a las que se dirigía la ley, que fueron objeto de vulneración grave de derechos humanos y que no han sido reconocidas como víctimas".

Ha manifestado que "es voluntad del Gobierno de Navarra atender a todas las víctimas, desde una posición ética de rechazo de la violencia".

La consejera ha indicado que "la sentencia del TC es un obstáculo en la labor de atención a personas que llevan demasiado tiempo exigiendo verdad, reparación y reconocimiento" y ha opinado que "es injusto para familias como la de Germán Rodríguez, Mikel Zalbaza y otros".

Tras señalar que la sentencia recoge cinco votos particulares que discrepan de la mayoría, Ollo ha confiado en que "la nueva ley cuente con el apoyo que tuvo la anterior ley". "El Gobierno asumió el compromiso de trabajar por el reconocimiento de todas las víctimas", ha dicho, para exponer que "todas las víctimas de la violencia injusta e ilegítima son merecedoras de reconocimiento y reparación".

Ha afirmado que "trabajar por el reconocimiento de las víctimas de la violencia de extrema derecha y funcionarios públicos no perjudica de ninguna de las maneras a las otras víctimas" y ha abogado por "trabajar con rigor, sin ocultar y sin justificar en ningún caso la violencia".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha señalado que el trasfondo de la sentencia del TC "es más político que técnico" y ha manifestado que es "una sentencia demoledora y muy grave", que "aspira a seguir ocultando realidades incómodas y poniendo trabas para reconocimiento y reparación". Ha manifestado el "compromiso" de los grupos por trabajar en un nueva norma.

Desde UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha indicado que en una democracia, ante una sentencia del TC, "lo primero que debe haber es acatamiento y respeto", que "es justo lo que de manera reiterada no hace este Gobierno". "Lo que dice la sentencia es que se vulnera el artículo de la Constitución que consagra la independencia del poder judicial", ha expuesto, para indicar que "la ley es nula porque, dice la sentencia, se ha inmiscuido en el poder judicial".

La parlamentaria de Geroa Bai Virginia Alemán ha señalado que esta ley "daba espacio" a las víctimas de extrema derecha y funcionarios para que "fueran reconocidas y reparadas". Ha mostrado su "decepción" con esta sentencia del TC, pero ha puesto en valor los votos particulares en la sentencia. Ha pedido que la próxima ley en esta materia "mantenga un preámbulo donde se plantee el objetivo de la ley".

La representante de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha comentado que "nos da la sensación que el TC se ha extralimitado en su interpretación" e "impide la necesaria reparación de todas las víctimas". "El Alto Tribunal, por su composición, podría ser tachado de dudosa imparcialidad", ha dicho.

La socialista Inma Jurío ha apuntado que "no nos queda más remedio que acatar la inconstitucionalidad" y ha señalado que la resolución "puede marcar un punto de partida para rellenar un vacío legal" y "reparar a estas víctimas de vulneraciones de derecho humanos". "No comparto la sentencia, pero no podemos hacer nada", ha señalado, para abogar por elaborar una nueva ley.

Por su parte, Javier García, del PPN, ha señalado que "lo primero que tiene que hacer un Gobierno es acatar y respetar" la sentencia. Y ha indicado que era una "ley política" y "pretendían realizar juicios paralelos, hacer pasar a etarras por víctimas, se pretendía humillar a los Cuerpos de Seguridad del Estado".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha contestado al representante del PP que "esta ley ni compara unas víctimas con otras ni es una justicia paralela". "Fue una ley muy participada y consensuada", ha dicho, para comentar que se presentó para "reparar a otras víctimas de violencia ejercida por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos".


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