Una proposición de ley foral para modificar la ley de Memoria Histórica busca ahora 'hacer caja' con la retirada de estos elementos.
Izquierda-Ezkerra ha presentado este viernes una proposición de ley foral para modificar la ley de Memoria Histórica con el objetivo de fijar un régimen sancionador al incumplimiento de la eliminación de símbolos y menciones franquistas del espacio urbano y público de la Comunidad foral.
En opinión de la coalición, el hecho de que tras "81 años del inicio del golpe de estado franquista todavía en muchas calles y edificios permanezcan intocables algunos de los símbolos y menciones que la dictadura impuso resulta una anomalía democrática".
En rueda de prensa, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha destacado que con esta propuesta la coalición busca "rellenar una laguna, un vacío que existía" en la ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar, aprobada en 2013.
Según ha expuesto, esta ley "fue un hito en la recuperación de la memoria democrática y de la memoria republicana en Navarra", aunque ha considerado que "todavía hay espacios de incumplimiento que no deben ser tolerados", lo que, a su juicio, "hace necesario este régimen sancionador".
En este sentido, Nuin, que ha comparecido acompañado por Iñigo Rudi, portavoz de Batzarre, ha afirmado que esperan y están "convencidos" de que la propuesta va a ser aprobada en el Parlamento, ya que, según ha dicho, "forma parte y se incardina plenamente en el acuerdo programático con fuerzas políticas que representamos una mayoría". No obstante, ha destacado que aspiran a que el apoyo que pueda tener la ley para su aprobación "sea mayor a lo que pueda ser el cuatripartito".
"Esperamos que sea total y se apruebe por unanimidad porque en definitiva estamos hablando de la memoria democrática de Navarra", ha ensalzado.
Por su parte, Iñigo Rudi ha puesto de relieve que tras cinco años de la aprobación de la ley "ya es hora" de que los símbolos y menciones franquistas "sean retirados de forma inequívoca y rápida".
Ha remarcado, además, que en algunos supuestos "puede ser más una cuestión de voluntad política que de otras cuestiones" y que, por ello, "el régimen sancionador pretende obligar a aquellos que se niegan a cumplir la ley por las razones que sean".
"La ley está para cumplirse", ha expuesto Rudi, para agregar que si bien "puede haber diferentes situaciones, el cambio de la denominación de calles es competencia exclusiva de los alcaldes de los ayuntamientos y no tiene por qué haber ni una demora más en este momento".
EN LA PROPOSICIÓN DE LEY
En concreto, Izquierda-Ezkerra establece en su proposición de ley que serán responsables de las infracciones tipificadas las personas físicas y jurídicas autoras de las acciones y omisiones descritas en la normativa así como, en su caso, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios hereditarios, independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos.
Asimismo, plantea que serán infracciones graves "el incumplimiento de la resolución por la que se requiera la retirada de elementos de símbolos, leyendas y menciones franquistas; el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento o la producción de daños en un lugar de memoria histórica o en la señalización; y no comunicar a la administración foral el descubrimiento de restos que pudieran corresponder a personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la dictadura".
Por su parte, propone como infracciones leves "la restitución o instalación de nuevos elementos relativos a menciones y homenajes a personas que significaron por su apoyo al golpe de estado franquista y la posterior dictadura y el incumplimiento de cualesquiera otros deberes derivados de la presente ley foral que no merezca la calificación de falta grave".
En cuanto a las sanciones, I-E plantea una multa de entre 2.001 y 10.000 euros para infracciones graves y una multa de entre 200 y 2.000 euros para leves. Propone además sanciones no dinerarias que consistirían en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos años en caso de infracciones leves, o de tres años en caso de graves.
