CCOO ha presentado el informe “El impacto de los fondos buitre en el sector de la dependencia en Navarra”, y ha alertado del peso que ya están teniendo este tipo de empresas en la gestión de estos centros.
Son ocho residencias y cinco centros de atención a la discapacidad los gestionados por empresas que operan en paraísos fiscales, lo que implica que entidades que tratan de lograr el mayor beneficio posible y operan de forma opaca fiscalmente gestionan un ámbito tan delicado socialmente como es el de la dependencia.
En la gestión residencial, CCOO ha destacado que lo privado tiene un peso excesivo, ya que representa el 72%. Además, el Gobierno de Navarra tiene concertadas 316 plazas con las residencias gestionadas por fondos buitre, que se alimentan a través de los conciertos y la gestión indirecta.
El sindicato ha subrayado que en 2019 este negocio privado movió en toda España más de 4.500 millones de euros. Con la proyección de envejecimiento existente, en Navarra ya son 14.362 las personas que han sido reconocidas con algún tipo de dependencia.
Este tipo de fondos seguirán expandiéndose si nada lo evita. Precisamente un sector estratégico como el de los cuidados debería estar protegido ante este tipo de lógicas empresariales.
Aún peor es la situación en los centros de atención a la discapacidad que existen en Navarra, porque el peso del ámbito privado con ánimo de lucro y los fondos de inversión es porcentualmente mucho mayor que en el ámbito residencial.
En Navarra hay 14 centros de atención a personas con discapacidad. De ellos solo uno es de propiedad y gestión pública, el centro San José.
En total existen en la comunidad foral 691 plazas. De 13 centros gestionados por entidades privadas, 6 corresponden a empresas con ánimo de lucro y 7 a empresas sin ánimo de lucro.
Al menos en 5 casos, la propietaria matriz de esas empresas son fondos de inversión que operan en paraísos fiscales, y se refieren a las empresas Domus VI y Sarquavitae, propiedad del grupo ICG.
El Gobierno de Navarra tiene concertadas con estas empresas privadas con ánimo de lucro 335 plazas, es decir el 48,4% del total
Tal y como demostró la auditoría realizada en el año 2020 por parte del Gobierno de Navarra sobre las residencias y centros de atención a la discapacidad y su gestión durante la pandemia, las residencias públicas en general han tenido un menor impacto de la Covid-19: el 36% de ellas han tenido algún contagio, frente al 44% de las privadas con lucro.
Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno de Navarra que aplique las cláusulas sociales existentes en la Ley Foral de contratos de Navarra, ponga coto a los fondos buitre y corrija de forma radical esta tendencia, porque la presencia de estos fondos ya está teniendo efectos en la calidad del empleo y en la calidad asistencial.
