Han solicitado "la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, para que sean allí juzgados".
Un total de 51 europarlamentarios han suscrito una declaración en la que solicitan que "imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad" en el caso de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua y piden "la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo de estos hechos".
Asimismo, en el texto, solicitan "la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, para que sean allí juzgados".
La declaración ha sido suscrita por 51 europarlamentarios de 15 Estados (Alemania, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Portugal, Reino Unido y Suecia)".
Los firmantes pertenecen a cinco grupos parlamentarios: Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D); Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE); Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE); Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) y Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea (Greens-EFA).
La declaración suscrita por los europarlamentarios será remitida en los próximos días a la Comisión Europea y también se enviará a todos los grupos del Parlamento foral, al Gobierno de Navarra, a los ayuntamientos, a diferentes organismos internacionales y a entidades sociales, académicas o sindicales.
Así lo han dado a conocer este sábado familiares de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en una rueda de prensa en la que han hecho balance de la visita de "trabajo y solidaridad" que realizaron el jueves a la sede del Parlamento europeo en Bruselas.
En representación de las familias, Edurne Goikoetxea ha explicado que el objetivo de las gestiones que han realizado era "difundir información sobre este caso y solicitar el amparo de eurodiputados de diferentes países y grupos". Y ha destacado que la valoración que realizan de esta visita es "sumamente positiva". "Podemos concluir que este viaje ha sido fructífero", ha resaltado.
Según ha indicado, "las sesiones de trabajo que hemos realizado nos han permitido poner en marcha iniciativas de cara a difundir este caso para recabar amparo y solidaridad, y también de cara a la celebración del juicio oral". "Los grupos parlamentarios han mostrado su compromiso de hacer seguimiento del caso y de realizar gestiones en las instituciones europeas para velar por el cumplimiento de las garantías del Estado de Derecho", ha asegurado.
Igualmente, ha destacado que "se han establecido relaciones con organizaciones no gubernamentales internacionales de reputado prestigio que trabajan en el ámbito de los derechos humanos", que "han mostrado interés y preocupación por este caso, se han comprometido a hacer seguimiento del mismo y se están perfilando diversas iniciativas".
Edurne Goikoetxea ha remarcado que "todas estas manifestaciones de preocupación y de solidaridad en ningún momento han pedido impunidad, ni han adoptado una posición de parte, tan sólo se han pronunciado en el plano de la escrupulosa defensa de los principios del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, y tan sólo solicitan un riguroso y correcto uso de las leyes y de los principios jurídicos como el de la proporcionalidad, el no sobredimensionamiento de los hechos, ni la utilización extensiva de los delitos penales".
"No pedimos impunidad, ni posicionamientos de parte. Pedimos que se respete la presunción de inocencia, se realice una investigación rigurosa y neutral para el esclarecimiento de los hechos, se actúe con proporcionalidad y de manera ecuánime y respetando los principios del Estado de Derecho y las garantías procesales para un juicio justo", ha reivindicado.
LOS FAMILIARES HAN VALORADO EL "FRUCTÍFERO" APOYO
Los familiares de los jóvenes detenidos, tres de ellos aún encarcelados preventivamente, tras la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, han valorado el "fructífero" viaje realizado esta semana a Bruselas, donde han conseguido el apoyo de 51 europarlamentarios.
En conferencia de prensa, Isabel Pozueta en euskera y Ekurden Goikoetxea en castellano, han leído un comunicado en el que se considera "sumamente positiva" la iniciativa llevada a cabo este semana, una jornada de trabajo en el Parlamento Europeo en la que ofrecieron información sobre el caso, por el que hay once jóvenes imputados por terrorismo tras una "trifulca en un bar" de Alsasua.
La declaración firmada por 51 europarlamentarios pide que "imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad" y que se elimine la calificación penal como delito de terrorismo de estos hechos, ocurridos en la madrugada del 15 de octubre, en los que resultaron lesionados dos guardias civiles y sus parejas, y por los que tres de los once imputados están en la cárcel.
La declaración, que pide "la devolución de la competencia" a los juzgados de Pamplona, donde la causa sería penal ordinaria, "se suma a una larga lista de apoyos plurales" recibidos desde instituciones como el Parlamento y el Gobierno de Navarra, el Congreso y el Senado de las Cortes Españolas, los Ayuntamientos, el ámbito jurídico y académico y de la sociedad.
"Todas estas manifestaciones de preocupación y de solidaridad, a pesar de las distorsiones" que llegan desde algunas fuentes, "en ningún momento han pedido impunidad, ni han adoptado una posición de parte. Tan sólo se han pronunciado en el plano de la escrupulosa defensa de los principios del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos", han advertido las familias.
"Tan sólo solicitan un riguroso y correcto uso de las leyes y de los principios jurídicos como el de la proporcionalidad, el no sobredimensionamiento de los hechos, ni la utilización extensiva de los delitos penales", han subrayado para incidir en que la propia Audiencia Provincial de Navarra se posicionó en contra de que los hechos pudieran constituir un delito de terrorismo.
"No pedimos impunidad, ni posicionamientos de parte. Pedimos que se respete la presunción de inocencia, se realice una investigación rigurosa y neutral para el esclarecimiento de los hechos, se actúe con proporcionalidad y de manera ecuánime y respetando los principios del Estado de Derecho y las garantías procesales para un juicio justo", han zanjado. EFE
