"La misma precariedad que nos está dejando la reforma laboral del PP la está aplicando el Gobierno de Navarra", ha dicho la socialista Ainhoa Unzu.
El PSN ha criticado al Gobierno de Navarra por "las condiciones laborales que conllevan las licitaciones tanto de obra pública como de otros servicios, que se concursan con base en unos precios bajos que no permiten que las contrataciones de personal se hagan en condiciones dignas, y que, incluso, están por debajo de lo que marcan los convenios".
La portavoz parlamentaria de Empleo, Ainhoa Unzu, ha señalado que aunque su partido "viene criticando esta situación", el Ejecutivo foral "no parece darse por aludido porque, según se va conociendo, los problemas que existen ya en ámbitos como los servicios sociales, se extienden a otros como la obra pública, donde se están dando también condiciones indignas para muchos trabajadores".
Según ha expuesto, "el Gobierno, en muchas licitaciones, está primando el precio por encima de la calidad de empleo y el servicio y eso, además de ser muy preocupante, contradice el supuesto cambio social que dicen defender".
"La misma precariedad que nos está dejando la reforma laboral del PP la está aplicando el Gobierno de Navarra en licitaciones que dependen de él, lo cual es inadmisible", ha sostenido.
En este sentido, ha remarcado que "no solo hablamos de salarios incluso por debajo de convenio, sino de malas condiciones que pueden desembocar en accidentes laborales" y ha recordado que Navarra "lidera el ránking de las CCAA en siniestralidad laboral".
Por eso, ha agregado, "no entendemos cómo el Gobierno consiente y ampara estas licitaciones y por qué no presenta tanto el plan de calidad en el empleo como el plan de choque contra la siniestralidad laboral que tantas veces hemos pedido los socialistas y que el propio Parlamento ha aprobado".
Además de estas propuestas, ha expuesto Unzu, el PSN también ha pedido que la Cámara de Comptos fiscalice algunas de estas licitaciones llevadas a cabo en 2016 por el Departamento de Derechos Sociales.
"Queremos que el órgano fiscalizador estudie esos contratos y las condiciones en las que se prestan los servicios", ha señalado Unzu, para destacar que los socialistas seguirán defendiendo "un empleo digno y con derechos y condiciones de seguridad, y la Administración debe ser la primera en dar ejemplo".
