La Asociación Española de Accionistas Minoritarios ha informado a 300 afectados navarros sobre la estrategia que están desarrollando para recuperar su dinero perdido.
Alrededor de 300 accionistas navarros del Banco Popular han acudido a una asamblea informativa organizada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) este lunes en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, para tratar la situación en la que se quedaron los inversores tras la compra de la entidad por parte del Banco Santander.
En el acto han intervenido dos socios del despacho Cremades & Calvo Sotelo Abogados, a quienes AEMEC ha contratado la representación jurídica de los más de seis mil accionistas del banco con quienes cuentan.
Arturo del Burgo, socio director de la firma en Pamplona, ha manifestado que la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) adoptada el 7 de junio de este año, resolviendo el Banco Popular, “supuso una auténtica confiscación de la propiedad privada, arrebatando de la noche a la mañana a 350.000 accionistas del valor de sus acciones”.
Para ello, ha explicado que la JUR había dado como única justificación la falta de viabilidad del banco, aunque a su juicio no justificó debidamente dicha decisión: “Estábamos ante un problema de liquidez del banco, como consecuencia de la fuga de capitales producida en los últimos meses, pero no ante un problema de solvencia; prueba de ello es que meses atrás el banco había superado los test de estrés que los propios reguladores europeos exigían”.
A pesar de ello, Del Burgo considera que la JUR “adoptó la solución más radical de todas y más lesiva para los intereses de los accionistas, en lugar de haber buscado una solución acorde con el problema de liquidez”.
UN RECURSO EN EL TRIBUNAL EUROPEO
Por su parte, Jenaro González del Yerro, socio del área mercantil del despacho Cremades & Calvo Sotelo en Madrid, ha explicado cuál es la estrategia judicial de la firma en defensa de los accionistas, que pasa como eje central por un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Entendemos que es la vía más efectiva para poder lograr nuestro objetivo, que es una compensación para los accionistas del banco”, ha afirmado González del Yerro, explicando que la compensación se fijaría en 1,85 euros por acción, cifra a la que llegó el despacho después de encargar un informe pericial a un experto economista que realizó una valoración de la entidad.
“Hay que tener en cuenta que la resolución se produce en base a un informe emitido por Deloitte cuyo contenido todavía no conocemos, pues no se ha hecho público, pero que valora el Popular en una franja de entre menos 8.000 millones de euros hasta más 1.500 millones”, ha explicado.
En el extenso turno de preguntas, donde los asistentes han tenido la oportunidad de resolver sus dudas durante más de una hora y media, se ha aclarado también la situación en relación con la compensación que ha ofrecido el Banco Santander. Del Burgo ha manifestado que se trata de una “oferta comercial dirigida únicamente a los que acudieron a la ampliación de capital de 2016 y los que suscribieron obligaciones subordinadas en el año 2011”.
Del Burgo no ha hecho una valoración acerca de dicha compensación, “pues se trata de una oferta comercial sobre la que nosotros como despacho no podemos opinar”. Si bien deja claro que “estamos ante una actuación compatible con nuestra estrategia: uno puede acogerse a la oferta y al mismo tiempo participar en nuestro recurso colectivo ante Europa, pues lo que planteamos es un contencioso contra las instituciones europeas, que nada tiene que ver con el Banco Santander. La cláusula de renuncia de acciones va dirigida contra el banco, o contra el Popular, o sus administradores o directivos, pero nada impide interponer un contencioso contra la Administración”.
