SOCIEDAD

Los médicos navarros no quieren practicar abortos: el cuatripartito choca con la realidad tras su decreto

El jefe del servicio de Ginecología reconoce en el Parlamento que es "organizativamente complejo" aplicar la interrupción del embarazo. 

El Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Ricardo Ezkurra, explica en la Comisión de Salud cómo va poner en marcha el Decreto de Salud Sexual Reproductiva. IÑIGO ALZ (3)
El Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Ricardo Ezkurra, explica en la Comisión de Salud cómo va poner en marcha el Decreto de Salud Sexual Reproductiva. IÑIGO ALZ (3)  

El jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Ricardo Ezcurra, ha señalado que resulta "organizativamente compleja" la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública navarra.

El responsable médico ha reconocido que la objeción de conciencia del personal para negarse a practicar abortos supone una seria dificultad para los planes del cuatripartito, que pretende atender esta práctica en los hospitales públicos. 

Ezcurra ha comparecido en comisión parlamentaria, para informar sobre el Decreto de Salud Sexual y Reproductiva, centrándose en la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios públicos.

El jefe del servicio ha afirmado que "a día de hoy, resulta organizativamente compleja la aplicación del decreto en la prestación de la interrupción del embarazo", al menos en lo relativo a los de menos de 14 semanas, casos en los que, por ley, no es necesario ningún dictamen médico.

Ezcurra ha destacado que su aplicación supondría "serias dificultades" debido a la "objeción del personal", y que también crearía un "problema organizativo", otro de los aspectos contemplados en el decreto, como es el servicio de reproducción a mujeres solteras o con parejas lesbianas.

"Se puede interpretar que decir esto implica por mi parte un intento de poner dificultades a su implantación -ha apuntado-, nada más lejos de la realidad".

Ezcurra ha trasladado su obligación de "informar al Gobierno de la realidad, sea esta positiva o negativa".

"De este modo, con información fidedigna, el departamento podrá tener la ocasión de habilitar los mecanismos necesarios para llevar a cabo el decreto, si es que a día de hoy no se dan las circunstancias adecuadas", ha añadido.

El médico ha remarcado que, en el conjunto del país, el 90 por ciento de los abortos se realizan antes de la semana 14 de gestación, mientras que menos del 10 por ciento lo hacen a partir de dicha semana, y debido a anomalías o enfermedades graves.

También ha trasladado que el 10 por ciento se realizan en centros públicos, frente al 90 por ciento de los centros privados.

Respecto a Navarra, ha subrayado que la mayoría de las intervenciones se realizan en la clínica de Ansoain "por decisión de las mujeres", y ha apuntado que en el año 2015 se produjeron 915 abortos, frente a los 884 realizados en 2014.

LOS PARTIDOS DEL GOBIERNO, MOLESTOS

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha considerado que "aparte de informar", al jefe del Servicio le correspondería "propiciar un clima adecuado, sin crispación, de manera que esta prestación sea normalizada".

"Las personas que ostentan la responsabilidad de llevar esto adelante tienen que creer en este cambio de modelo, -ha manifestado-, y nos preocupa que el cambio que se está planteando no cuenta con la adhesión de las personas que lo tienen que llevar adelante".

La parlamentaria de UPN Begoña Ganuza ha afirmado que era "necesario hacer un decreto", y ha coincidido en que es "muy difícil la aplicación" de la interrupción del embarazo debido a una "complejidad organizativa". Además, ha apostado por la educación como medida preventiva más eficaz y por un plan integral para las gestantes, y ha mostrado su preocupación por la financiación.

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha destacado la "obligación de poner las medidas para que este decreto sea una realidad", al igual que la parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu, Tere Sáez, quien ha manifestado que "como jefe, tiene la obligación de coordinar, asegurar y facilitar que este decreto sea una realidad".

La portavoz parlamentaria de PSN, María Chivite, ha reivindicado la necesidad de "hacer compatible el derecho de objeción de conciencia con el de las mujeres". "Es responsabilidad del Departamento hacer cumplir los dos derechos, porque el único que se está ejerciendo es el de los profesionales, y no el de las mujeres", ha advertido.

El parlamentario de PPN Javier García ha destacado los "muchísimos interrogantes" del mismo, y ha afirmado que los populares comparten "muy poco" porque "no se contemplan aspectos más prioritarios".

La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha mostrado su preocupación acerca de "por qué tiene que haber un problema con la IBE antes de las 14 semanas", ya que debería ser "lo menos conflictivo".


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